Víctor Flores García
Ciudad de México.- La reforma del Poder Judicial de México para elegir a jueces federales por voto popular, que debate el Congreso en el marco de un inédito paro nacional indefinido de labores, es una aguda controversia que hereda el presidente saliente, Andrés Manuel López Obrador, a su sucesora y correligionaria Claudia Sheinbaum.
“La idea de llamar la atención con un paro nacional de labores tiene que ver con la necesidad de escucharnos, que la presidenta electa y primera mujer presidenta de México tenga la sensibilidad y sepa que es necesario sentarnos a dialogar”, dijo en entrevista con la Agencia Sputnik la directora general del Instituto Federal de Defensoría Pública, magistrada Taissia Cruz Parcero.
Esa reforma, que ha sido cuestionada por los socios comerciales de Norteamérica, EEUU y Canadá, calificadoras de riesgo financiero e inversionistas extranjeros, es la más destacada de un paquete de 20 cambios a la Constitución.
PARO INÉDITO
La magistrada que dirige la entidad, que es un órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, explica los fundamentos jurídicos y la propuesta de los juzgadores inconformes.
“No es un juego de saber quién tiene más fuerza, sino que se trata del derecho de las personas a que los conflictos sean resueltos por tribunales independientes e imparciales”, plantea la jueza Cruz Parcero.
Las otras reformas a la Carta Magna contienen cambios decisivos, como la transformación o abolición de los organismos autónomos del Estado -incluido el actual Instituto Nacional Electoral-, y el paso de las corporaciones de seguridad pública a la Defensa, entre otras.
“Se dice que el pueblo decida (por voto popular), pero no hay posibilidad de que esta reforma pueda resolver ni garantizar los derechos de las personas”, sostiene la jueza.
Estima que las otras reformas “son regresivas”, y cita como ejemplo la propuesta del Ejecutivo saliente de aumentar el catálogo de delitos para aplicar la prisión preventiva oficiosa, es decir automática, o el traslado de la Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas.
“Si lo bueno que tenemos en las instituciones se echa abajo, entramos en una ruta que no va a traer nada bueno para nadie, más allá de que los jueces tuviéramos que irnos”, advierte la magistrada.
TRIBUNALES IMPARCIALES
La directiva del instituto encargado de garantizar el derecho a la defensa pública en materia penal y el acceso a la justicia mediante la orientación, asesoría y representación jurídica, administrativa, fiscal y civil subraya: “lo que está en juego es el derecho de las personas a tener tribunales independientes e imparciales”.
Indica además que el conflicto traza un escenario poco favorable a la transición en la presidencia que comienza el 1 de octubre próximo.
“¿De qué manera este debate puede afectar la toma de posesión de la primera mujer en la Presidencia de la República? Es una apuesta a una transición tan conflictiva ante la cual sólo podemos poner sobre la mesa la propuesta de una reforma integral”, responde.
Recuerda que el planteamiento de las personas juzgadoras ha sido claro: “no es un paro solo para oponernos al dictamen sino para llamar al diálogo moderado”.
Reconoce que el sistema de justicia necesita arreglos que deben ser negociados.
“Estamos dispuestas a ofrecer la mano extendida para dialogar, no a partir de la imposición ni de la destrucción de las instituciones”, propone.
Cruz Parcero asegura que el Poder Judicial ha sido capaz de mejorar sus propios fracasos y reforzar sus fortalezas institucionales.
“Hemos podido remediar problemas sensibles como el nepotismo, mecanismos de prevención a la corrupción, sobre todo el sistema cuenta con la herramienta de un mecanismo de la carrera profesional con procesos de selección estrictos”, reseña la jueza.
Para reformar el sistema judicial, plantea que no solo cuentan las mayorías legislativas y las elecciones directas de jueces, sino los valores de la separación de poderes, los pesos y contrapesos.
“Para que los que juzgan los casos tengan experiencia y vocación de servicio, no se puede echar abajo todo de un plumazo, en detrimento de los valores democráticos de la Constitución”, subraya.
Coloca en el centro del debate, sobre todo, el respeto a los derechos humanos y la presunción de inocencia. De lo contrario, afirma, “nos estaremos encaminando al riesgo de un sistema cada vez más autoritario”.
PROPUESTA RETÓRICA
La magistrada expone que, desde que se plantea desde el Ejecutivo una iniciativa de reforma a uno de los tres poderes, argumentando su presunta descomposición, implica una reestructuración y cambio significativo, abrupto, en forma unilateral.
“Es una retórica que venía desde hace años, según la cual el Poder Judicial está ahora echado a perder por el nepotismo y la corrupción de los jueces, que supuestamente liberan a delincuentes de manera arbitraria”, recuerda.
Estima que esta es una manera de reforzar al Ejecutivo, que es uno de los tres poderes federales, cuyo equilibrio es uno de los principios fundacionales del Estado mexicano.
“Este golpe se hace sin una pertinencia adecuada, sin precisión ni finalidad de mejorar el sistema de justicia de fondo”, asegura.
Lamenta que no hay datos que permitan, a partir del dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, fundamentar una reforma que imparta de manera objetiva mejores condiciones de acceso a la justicia para personas inconformes con el sistema de justicia actual.
“La propuesta es omisa en el abordaje de lo que ocurre en las fiscalías, ni aborda los defecto y abusos en las policías”, señala.
Asimismo, lamenta que no se modifique el enfoque de seguridad basado en el despliegue de las Fuerzas Armadas.
“La militarización que parece irreversible aleja a la seguridad pública que tenía que estar bajo el mando civil”, cuestiona.
Asegura que tampoco atiende las implicaciones por la falta de transparencia y controles de abusos que en la última década se han observado por parte de las Fuerzas Armadas.
Ante ese escenario, estima que la reforma no va orientada a resolver esos problemas.
“No podemos explicar que la simple sustitución de más de 1.600 jueces del nivel federal pueda impactar en una mejora en la administración de la justicia”, enfatiza.
SIN JUECES
Los jueces y magistrados cuestionan que una reforma de este calado se haga a sus espaldas, sin la concurrencia del propio Poder Judicial y sin el conocimiento sobre la operación de la justicia.
“De esta forma no se puede llegar a una reforma estructural por el diálogo, el consenso y reflexiones objetivas, sinceras, honestas y profundas”, advierte la magistrada.
Esas condiciones de implementación del proyecto del Ejecutivo respaldado por el oficialismo en el Congreso impedirían encontrar la ruta a seguir por los tres poderes para lograr que la ciudadanía apele al Poder Judicial, o a una fiscalía para hacer una mejor investigación de los casos.
“Una comunidad no podrá oponerse a empresas que afecte su entorno, si no hay diálogo ni concurrencia entre poderes, la academia, la sociedad civil, las universidades, las barras de abogados”, ejemplifica.
Para poder modificar la Constitución, el oficialismo ya cuenta con mayoría calificada en la Cámara de Diputados y está a un escaño de lograrla en el Senado.
Muchos jueces y magistrados afirman que fueron excluidos de una decena de foros sobre la reforma al Poder Judicial.
Mientras el Ejecutivo afirma que el caso ya fue suficientemente debatido, el país se aleja de llegar a una solución para cambiar su sistema de justicia y de una transición presidencial tersa. (Sputnik)
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