El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó que la discusión en el Senado de la República (Cámara Alta) sobre la iniciativa de reforma al Poder Judicial mexicano no puede detenerse por los alegatos de sus opositores, ya que esto sería una violación a la Constitución del país latinoamericano.
“[Quienes se oponen a la reforma judicial] no tienen fundamento legal. Sería una aberración y, desde luego, una violación flagrante a la Constitución el que se detenga el proceso de análisis, discusión y, en su caso, aprobación, [del dictamen para cambiar] al Poder Judicial. No hay ningún fundamento constitucional”, declaró en conferencia de prensa.
Asimismo, el mandatario mexicano agregó que, de detenerse este debate en el Congreso nacional, se afectaría el Estado de derecho.
“Se optaría por la ley de la selva. Quiero dejar de manifiesto que [a los opositores] no les importa la democracia, ni la justicia. Solamente están pensando en sus intereses, en sus privilegios y que son abiertamente partidarios de la corrupción”, subrayó.
Más tarde, López Obrador envió un mensaje a los legisladores que, en la actualidad, se encargan de la revisión, debate y posible aprobación de la iniciativa para reformar el Poder Judicial.
“Quiero dirigirme a los senadores, con todo respeto, para que actúen con independencia, libertad, que pongan por delante de sus intereses personales y partidistas, el interés de la nación. No le conviene a México mantener un Poder Judicial sometido a la delincuencia”, afirmó.
“[Hoy en día, el sector judicial] está podrido, invadido por la corrupción. No se imparte justicia en beneficio del pueblo de México. Es un poder secuestrado, tomado, al servicio de la delincuencia organizada y de cuello blanco”, expresó el jefe de Estado mexicano.
Los comentarios del presidente de México se dan después de que la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (Jufed) presentara un recurso legal para detener la discusión en la Cámara Alta mexicana sobre la reforma al Poder Judicial.
Este fue propuesto por la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, al resto del órgano, con el fin de analizar en conjunto si tienen las facultades para dictar medidas cautelares que suspendan el proceso legislativo.
La consulta fue turnada a la ministra del máximo tribunal, Lenia Batres, quien fue asesora jurídica de la Presidencia de López Obrador, y se convirtió en jueza de la Suprema Corte en enero de 2024.
Batres debe presentar al pleno judicial dos proyectos en los que plantee si es posible o no que el tribunal supremo ejerza su “facultad de atracción” del caso dictaminado.
El objetivo de los empleados del Poder Judicial, además de demostrar su inconformidad con el dictamen, es evitar el avance de la iniciativa presentada en febrero de 2024 por el mandatario mexicano.
De ser aprobada la propuesta para reformar el Poder Judicial mexicano, solo necesitaría el visto bueno de quien encabece el Poder Ejecutivo en ese momento. Dadas las fechas, esta tarea podría corresponder a la mandataria electa, Claudia Sheinbaum, quien asumirá el cargo oficialmente el 1 de octubre.
El 4 de septiembre de 2024, la Cámara Baja avaló con 357 sufragios a favor, 130 en contra y cero abstenciones la propuesta, que obtuvo el visto bueno en general y en particular.
Mientras tanto, continúa el paro de labores por parte de los empleados del Poder Judicial, que arrancó el 19 de agosto, en contra de la reforma en este sector y suma nuevos integrantes: la mayoría de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Fuente:https://noticiaslatam.lat/
eitmedia.mx
