Ciudad de México.- La Asociación de Jueces de México demandó este 23 de septiembre al Instituto Nacional Electoral (INE) cumplir la suspensión legal de la reforma judicial y frenar así los preparativos para los primeros comicios para elegir a ministros, jueces y magistrados previstos para 2025, hasta que se determine su validez jurídica.
La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), que mantiene un paro laboral de protesta desde hace un mes, solicitó mediante un comunicado que “se deje sin efecto la asamblea encaminada a discutir la aprobación del Proyecto de Acuerdo del Consejo General del INE, por el que se emite la declaratoria de inicio del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025″.
El INE comenzó el proceso electoral extraordinario en el marco de los primeros comicios de ministros, jueces y magistrados, previstos para el 2 de junio del 2025, tras la aprobación de la reciente reforma constitucional del Poder Judicial por el Congreso de la Unión y su promulgación por el Ejecutivo hace una semana.
La Asociación destacó que el INE omite tomar en cuenta que existe un juicio de amparo indirecto en un juzgado federal de distrito, con residencia en Cuernavaca (sur), que otorga “la suspensión del acto reclamado”, consistente en la reforma al Poder Judicial.
Los inconformes argumentan que con la modificación constitucional se pretende destituir de sus cargos a jueces federales “sin derecho de audiencia y sin derecho a indemnización alguna”.
“Es claro que la suspensión (del proceso electoral) debe otorgarse para efecto de que el acto reclamado no se formalice en la norma suprema, pues de hacerse cabría la posibilidad de ser inatacable”, dice la postura del gremio de jueces y magistrados.
Todas las autoridades que participaron en el proceso de aprobación de la iniciativa de reforma debían suspender su análisis y aprobación, según el amparo judicial otorgado, sin embargo, la determinación fue ignorada por el Legislativo y el Ejecutivo bajo el argumento de que se estaba cometiendo una intromisión de poderes.
La protección judicial se sustenta —por similitud de argumentos— con un amparo en revisión otorgado en el año 2016 por la Suprema Corte de Justicia, conocido como el caso “Laguna de Carpintero”.
La asociación informó la semana pasada la prórroga del paro de labores, al menos hasta que el Consejo de la Judicatura Federal instale una mesa de trabajo con un Comité de Diálogo para definir las estrategias necesarias en torno a la protección de los derechos laborales de las personas que trabajan en tribunales y juzgados.
La Jufed confirmó que el paro nacional de trabajadores del Poder Judicial, que comenzó el pasado 21 de agosto, continuará hasta que haya garantía de que los derechos laborales serán protegidos, en protesta por la reforma constitucional que establece la elección de ministros, jueces y magistrados federales y de las máximas cortes por voto popular directo.
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