Ciudad de México.- Expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresaron este martes su preocupación por los riesgos de mayores abusos contra derechos humanos que representa el proyecto de reforma constitucional para trasladar a la Guardia Nacional de México bajo el control de la Defensa Nacional.
“Nos alarma que, de aprobarse la propuesta de reforma constitucional, asignará de forma permanente funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas. El potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”, dijeron especialistas en un posicionamiento emitido desde Ginebra.
El riesgo de esas violaciones incluye la tortura, la detención arbitraria, las desapariciones forzadas y las ejecuciones extrajudiciales, detalla el texto.
La propuesta de reforma constitucional fue aprobada por la Cámara de Diputados el 19 de septiembre y está previsto que se someta a votación en el Senado esta semana.
Desde hace varios años, especialistas de la ONU advierten que México ha incrementado progresivamente el papel de las Fuerzas Armadas en su modelo de seguridad interior, a través de políticas públicas y diferentes iniciativas de reforma legislativa y constitucional.
“Reconocemos los desafíos en materia de seguridad que tiene México y hacemos un llamado para que las medidas implementadas para enfrentarlos sean conformes con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos”, indica el texto de los expertos.
Los relatores especiales forman parte de lo que se conoce como los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos y trabajan de forma voluntaria, no son personal de la ONU y no reciben un salario por su trabajo, sino que son independientes de cualquier Gobierno u organización.
“Nos preocupa, además, que funcionarios y funcionarias de las Fuerzas Armadas han sido señalados en el pasado por presuntas violaciones a los derechos humanos. Estas alegaciones deben ser investigadas y los responsables deben comparecer ante la justicia”, advierten.
LA REFORMA CONSTITUCIONAL
La propuesta de reforma constitucional sometería a los miembros de la Guardia Nacional a la jurisdicción militar y elevaría a rango constitucional de su factulad para participar en actividades de investigación criminal.
Los cambios a la carta magna mexicana también ampliarían las funciones de las Fuerzas Armadas en la vida pública del país, más allá de las estrictamente relacionadas con la disciplina militar.
Los especialistas consideran que, de aprobarse, el país norteamericano violaría numerosas recomendaciones formuladas por órganos de tratados y procedimientos especiales de la ONU.
Desde 1999, esas recomendaciones han señalado “la necesidad de asegurar que las labores de seguridad pública sean realizadas por fuerzas de seguridad civiles, garantizando que la participación de las Fuerzas Armadas en estas labores sea estrictamente extraordinaria, complementaria, subordinada a la autoridad civil y supervisada”, señala el texto.
México debe garantizar “el alcance restrictivo y excepcional de la jurisdicción militar para prevenir la comisión de graves violaciones a los derechos humanos, tales como la tortura, detención arbitraria, ejecuciones extrajudiciales y desaparición forzada”.
Los expertos estiman además que la Guardia Nacional debe seguir dependiendo de las instituciones civiles y es necesario fortalecer sus capacidades desde un paradigma de seguridad ciudadana, así como fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas para garantizar su eficacia.
“También es importante generar las condiciones para un diálogo reflexivo que analice y discuta las acciones a seguir para avanzar en un plan de retiro gradual de las fuerzas armadas de las tareas de Seguridad Pública”, puntualiza el posicionamiento.
Los relatores están en contacto con las autoridades en este sentido y expresan al Gobierno su disposición a brindar cooperación y asistencia técnica, con miras a garantizar que se respeten los derechos humanos de las víctimas y que cualquier caso de desaparición forzada sea investigado de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos. (Sputnik)
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