Víctor Flores García
Ciudad de México.- A 10 años de la desaparición de 43 estudiantes en la ciudad mexicana de Iguala, estado de Guerrero (sur), las investigaciones han sido frenadas por presiones de los militares al Gobierno, dijo en entrevista exclusiva con la Agencia Sputnik el abogado de las familias de las víctimas, Vidulfo Rosales Sierra.
“El presidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) tiene compromisos políticos fuertes con el Ejército. Los mandos lo presionaron para que no colocara a los militares en el banquillo de los acusados, y él cedió, le dio la espalda a los madres y a los padres de los desaparecidos”, afirmó.
DIEZ AÑOS DE ESPERANZA
La desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa (sur) ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014, cuando cinco autobuses donde viajaban un centenar de alumnos fueron atacados por patrullas de cinco municipios en Iguala, a 220 kilómetros de la capital del país, falleciendo allí dos estudiantes y tres transeúntes.
Mientras militares y policías federales registraban los hechos, los jóvenes fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que los habría asesinado, según las hipótesis de la fiscalía especial del caso.
A lo largo de una década, Rosales Sierra ha participado en decenas de reuniones con fiscales generales y especiales del caso y durante el mandato de López Obrador acudió en decenas de ocasiones al Palacio Nacional, sede del Ejecutivo federal.
“El acuerdo con los militares es parte del pacto del presidente con las élites económicas y las Fuerzas Armadas para darle estabilidad a su Gobierno, él se ha decantado a favor del Ejército, una institución que es su aliada fuerte”, sostiene el abogado que comenzó como colaborador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan de Guerrero.
“Los militares están en todo: la seguridad pública, la inversión de obras de infraestructura, negocios y obras públicas, aeropuertos, hospitales, instituciones estatales” explica el abogado.
Después de un comienzo esperanzador en 2019 y algunos avances en las investigaciones, una ruptura de la confianza con la actual administración sobrevino en 2022, que el jurista atribuye a una negativa de los mandos de las Fuerzas Armadas de entregar información.
Afirma que los mandos castrenses presionaron por la cancelación de 16 órdenes de aprehensión de militares, de un total de 20, tras el regreso al país del Grupo Interdisciplinario (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
“López Obrador comenzó con actos simbólicos muy importantes y acciones concretas, como el primer decreto de Gobierno que es la creación de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia, la creación de la fiscalía especial, y regresó el GIEI, al país”, tras la cancelación de su colaboración al final del mandato del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-1018).
LA DESILUSIÓN
Parecía que las investigaciones del caso caminaban de nuevo, con muchas dificultades, pero había una ruta productiva de búsqueda.
“Los avances llegaron en 2022, cuando se identifican los restos de dos estudiantes entre 900 restos óseos en la llamada Barranca de la Carnicería”, prosigue el testimonio.
En efecto, dos restos óseos calcinados dan positivo a estudios genéticos de los estudiantes desaparecidos, y se emprendió acción penal en contra de 180 personas, entre ellos 20 militares.
Después de unos 20 encuentros con el mandatario y altos jefes judiciales, civiles y militares, “hasta el mes de agosto de 2022 vimos el cambio en el rumbo, cuando se liberan órdenes de detención contra elementos de las Fuerzas Armadas”.
En ese marco, el jefe del Ejecutivo comienza a lanzar inesperados ataques contra los abogados y las organizaciones defensoras de derechos humanos, que acompañaban al grupo de expertos independientes de la CIDH.
Rosales recuerda que “en este punto se quiebra el diálogo con el presidente López Obrador, entramos en tensiones con representantes del Gobierno y deciden parar la investigación”.
“Esa actitud del presidente se mantuvo hasta la última reunión que tuvimos (en agosto de 2024) cuando trataron de descalificar a los abogados de padres y madres de los estudiantes y buscar culpables del propio fracaso del Gobierno”, afirma el jurista.
El equipo de defensores que acompañan organizaciones como el jesuita Centro de Derechos Humanos “Sacerdote Agustín Pro”, llegó a la conclusión de que el presidente no quiso seguir la investigación.
“El presidente no quiso seguir tirando de los hilos que conducían al Ejército mexicano, él se decantó a favor del Ejército, sacrificó el caso para mantener a flote su relación con los militares”, subraya Rosales.
Los abogados notaron una protesta del Ejército con posiciones públicas contra el presidente de la Comisión de la Verdad y Justicia del Caso Ayotzinapa, el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
El presidente citó el 19 de agosto de 2022 a una reunión en Palacio Nacional donde estaban presentes Encinas y el Fiscal General de República, Alejandro Gertz Manero.
“El fiscal general nos dio un informe de los avances de la investigación que eran muy alentadores: se habían emitido 180 órdenes de aprehensión, en contra de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, policías federales, agentes ministeriales, estatales y municipales y 20 elementos del Ejército”, recuerda el abogado.
Después de esa reunión, Encinas rinde su primer Informe para la Verdad y Acceso a la Justicia, con avances en materia de búsqueda y líneas de investigación, con testigos, datos, elementos de pruebas que eran alentadoras para las familias de los 43 desaparecidos.
En esa ocasión se supo que estaba implicado quien era Procurador General de México en el momento de los hechos, Jesús Murillo Karam, quien presentó la llamada “Verdad Histórica” del caso, que se ha venido derrumbando con los nuevos hallazgos realizados en varios años.
El presidente habla en la reunión y expresa que está comprometido con la justicia y que no tiene compromisos de complicidad con nadie.
“Al salir de la reunión, nuestra expectativa era que no estaba dispuesto a solapar nadie y actuaría se tratara de quien se tratara sin encubrir a nadie”, recuerda Rosales.
LA RUPTURA
Las familias y abogados esperaron durante semanas y meses las buenas noticias, y solo ocurrió la detención de Murillo Karam.
“Pero nunca llegaron las noticias de las detenciones del los elementos del Ejército. Alejandro Encinas estaba sorprendido también”, revela el abogado.
En ese punto, Rosales afirma que el titular de la Defensa Nacional, general Luis Crescencio Sandoval, se plantó contra los actos que afecten a las Fuerzas Armadas y señala a Encinas por asumir un supuesto “protagonismo para golpear al Ejércitomexicano”.
El Gobierno señala problemas en la formulación de las órdenes de aprehensión y se cancelan 16 órdenes de captura de uniformados.
“Entendimos que en este país no se puede hacer nada contra el Ejército, es intocable, y allí comenzó la ruptura”, subraya el entrevistado.
Como consecuencia se cancelaron las órdenes de detención y las descalificaciones personales del presidente comienzan por mencionar por su nombre a Vidulfo Rosales en sus conferencias de prensa
“Me califica como un abogado de mala fe, diciendo que sólo son cinco órdenes de aprehensión y no 20 como ellos mismos nos informaron”, lamenta el jurista.
Tampoco un siguiente documento de Encinas hablaba más de las órdenes de detención de militares.
“Comenzó entonces el juego de palabras en las conferencias de prensa mañaneras del presidente, para confundir las complejidades del caso y desinformar con descalificaciones a los abogados incluido el Centro de Derechos Humanos Agustín Pro (jesuitas)”, indica Rosales.
El 26 de septiembre de 2022, el presidente retrocedió un poco. Prometió que si había elementos de reactivar las órdenes de aprehensión las harían, pero comenzó otra discusión sobre si eran cinco que decía un documento de las 20 anunciadas por la fiscalía.
VIOLACIÓN DEL EXPEDIENTE
En noviembre de 2022 el Gobierno acordó de forma inesperada reactivar las órdenes de aprehensión y pidió que los padres recomendaran a un fiscal especial de confianza.
Sin embargo, surgió otro retroceso cuando el GIEI hace una revisión de documentos militares del gobierno y de 70.000 documentos oficiales relacionados con el caso.
“Encontraron que había folios cortados y censurados, sumaban 866 páginas faltantes”, denuncia Rosales.
Los expertos y abogados exigieron un nuevo fiscal, la órdenes de detención y la entrega de los cientos de folios faltantes en los expedientes, lo que tensó de nuevo las relaciones con el Gobierno.
En junio de 2023 fueron detenidos 14 militares excepto dos de los imputados, y el general Sandoval dice ya que entregó todos los documentos que pudo del expediente mutilado.
“En agosto de 2023 pedimos de nuevo los más de 800 folios, ofrecieron respuesta, pero nos dicen que ya no había nada que entregar, y ya no asistió el general Sandoval a las reuniones”, reseña el abogado.
Mediante una carta las Fuerzas Armadas dijeron que entregaron cinco documentos que tienen que ver con el caso y nunca más aparecieron los folios sustraídos.
“Esa respuesta rompió la relación de nuevo, y el presidente siguió negando todo hasta el final”, lamenta.
En 2024, López Obrador empezó a prometer que revelaría lo acontecido como promesa de campaña y denunció que hubo personas que complicaron el caso y obstaculizaron la investigación. Esas personas eran los integrantes del GIEI, las organizaciones civiles defensoras de derechos humanos.
A 10 años de la tragedia, las madres, padres, familiares y sus compañeros han vuelto a protestar en las calles. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://www.facebook.com/watch/Tlachinollan/
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