Ciudad de México.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este miércoles en una carta que el llamado caso Ayotzinapa, en el que fueron desaparecidos 43 jóvenes la noche del 26 de septiembre de 2014, queda abierto para ser esclarecido por su sucesora y correligionaria, Claudia Sheinbaum, que asume el 1 de octubre.
“Hasta el último momento de nuestro Gobierno seguiremos buscando, es un expediente abierto y deseo de todo corazón que el esclarecimiento lo logre la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo. Este vergonzoso y lamentable asunto no debe cerrarse nunca”, dice la carta leída por el propio jefe del Ejecutivo a pocos días de terminar su mandato.
La carta de siete páginas, con un centenar de anexos, fue entregada antes a los padres, madres, familiares y abogados de los 43 estudiantes de la escuela normal de magisterio de Ayotzinapa, que desaparecieron en la ciudad de Iguala, estado de Guerrero (sur) tras un ataque perpetrado por policías municipales de cinco municipios contra cinco autobuses en los que viajaban los jóvenes.
El mandatario rechazó las versiones que intentan desacreditar el papel del Ejército en los hechos, donde murieron dos estudiantes y tres transeúntes y 43 alumnos fueron entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, que según la fiscalía especial los habrían asesinado.
“Aparecen involucrados militares, estaríamos hablando de posibles delitos de vinculación con la delincuencia organizada, porque esa noche salieron soldados del batallón (de Iguala)”, dijo el mandatario sobre ese tema.
Relató que los militares fueron a la comandancia policial y visitaron un hospital en esa ciudad de Guerrero, localizada a 220 kilómetros del capital del país.
Explicó que los integrantes de las Fuerzas Armadas “no participaron en la detención-desaparición de los jóvenes, sí pueden resultar responsables por el delito de omisión, al no haber actuado para evitar los actos de violencia contra los jóvenes”, dijo el gobernante.
López Obrador se refirió además a los señalamientos de los defensores de las familias de los jóvenes normalistas, como el principal defensor, Vidulfo Rosales, y los abogados del jesuita Centro de Derechos Humanos Sacerdote Agustín Pro, en el sentido que el Ejército no le ha dado toda la información sobre el caso y habría mutilado el expediente.
“Es muy difícil que me tomen el pelo”, replicó a una pregunta en conferencia de prensa al deslindar al Ejército de haber participado o encubierto los crímenes.
Enfatizó que como “hombre de principios” y comandante de las Fuerzas Armadas, podría afirmar que, “al contrario, los mandos de las fuerzas armadas han cooperado, han ayudado”.
Según la hipótesis de la fiscalía y del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la causa que desencadenó la persecución de los jóvenes -que viajaban hacia la capital del país a conmemorar el aniversario de una masacre de estudiantes de 1968- fue que uno de los cinco autobuses estaría cargado con heroína enviada desde Iguala hacia la estadounidense de Chicago.
ÚLTIMA CARTA
El mandatario, cuyo gobierno culmina el último día de septiembre, escribe a los familiares de los jóvenes desaparecidos que pese a su compromiso por resolver estos crímenes, “si bien se avanzó, no fue como quisiéramos”.
Sin embargo, se refirió a las entrevistas ofrecidas por los abogados de los padres y el mencionado centro jesuita, en las que afirman que los altos mandos del Ejército desobedecen al Ejecutivo, a pesar de sus buenas intenciones.
“Hemos contado con apoyo de las Fuerzas Armadas”, subraya, al tiempo que atribuye esas versiones a intereses políticos que intentan debilitar a las instituciones del país.
“¿A quiénes les conviene que tengamos un Ejército debilitado, sin autoridad, no sólo Fuerzas Armadas debilitadas, instituciones nacionales debilitadas, la institución presidencial? Pues a los poderes extranjeros, a las hegemonías”, sostiene el gobernante saliente.
Una autoridad nacional sin fortaleza “es como una hoja seca, no puede defender los intereses de la nación”, y el país norteamericano dejaría de ser un país independiente y soberano, sostuvo.
López Obrador afirma que siempre existe una intención de “socavar instituciones nacionales para poder someter, que es una práctica siempre de los potentados, que se usa, es un método”.
Argumenta que en los seis años de su administración se aclararon algunas cosas que la gente no sabía, porque el caso siempre se manejó como un asunto de “arriba”, de las esferas más altas del poder.
“Cuando hablo de “arriba”, no sólo hablo de los potentados en lo económico, lo político, sus medios de información, sino también de las organizaciones sociales, las organizaciones de defensa de derechos humanos que no dejan de estar en la cúpula, que no dejan de pertenecer a lo que se llama sociedad política”, sentenció.
Recordó que al comenzar su administración ordenó la creación de la Comisión para la Verdad con Justicia del Caso Ayotzinapa, encabezada por el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas.
“Les aseguro que nunca dejamos en el olvido esta justa y humana misión, desde los primeros días confíe en Alejandro Encinas para lograr los objetivos”, escribió el mandatario.
Reseñó que han sido procesadas 151 personas, entre ellas 16 militares, y que aún falta procesar tres órdenes de aprehensión a elementos castrenses.
La resolución del caso Ayotzinapa o caso Iguala, por la ciudad donde ocurrieron los crímenes, fue uno de sus 100 compromisos que presentó López Obrador al tomar posesión, el 1 de diciembre de 2018. (Sputnik)
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