Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de México admitió el jueves una impugnación para revisar una reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso y promulgada por el Ejecutivo el mes pasado.
“Por mayoría de ocho votos a tres la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta entrar a revisar la reforma judicial aprobada por el Congreso y publicada por el Ejecutivo”, publicó la magistrada Norma Piña, presidenta del máximo tribunal, en su cuenta de la red social X.
El ministro Javier Laynez aclaró que la consulta aprobada se limita a aceptar un trámite para analizar el proceso legislativo como fondo del asunto, que concierne a la reforma para elegir por voto universal a unos 1.600 magistrados de las máximas cortes federales en 2025.
Una magistrado de la Suprema Corte presentará un proyecto que será sometido a votación para determinar si procede la impugnación de la reforma, con el argumento de que “viola la independencia judicial y la división de poderes”.
La ministra Lenia Batres, quien se incorporó al máximo tribunal en enero pasado, después de ser consejera jurídica del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien propuso la reforma, dijo que un fallo en contra de la reforma podría ser “un golpe de Estado”.
Por su parte, la jueza Yasmín Esquivel, quien se integró en 2019 a propuesta de López Obrador y aprobada por el Senado, también votó en contra de la resolución de la Corte.
“La Suprema Corte estaría dando un auténtico golpe de Estado, al pretender someter a control constitucional el trabajo del Poder (Legislativo) Constitucional reformador, que ha participado en el proceso de reforma constitucional en materia de Poder Judicial”, dijo la ministra Esquivel.
La magistrada dijo que el mensaje de la votación es que la Suprema Corte puede echar abajo una reforma constitucional mediante un “procedimiento administrativo, previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación”.
El ministro Juan Luis González Alcántara respondió a su colega Batres que hace 10 años el oficialismo pidió la intervención de la Suprema Corte para revisar una reforma constitucional y nadie los acusó de “golpistas”.
“Hace 10 años nadie los acusó de golpistas, me gustaría hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo sano, reflexivo, constructivo dentro de este Pleno, que ha logrado forjar consensos y criterios muy importantes para el país durante casi 30 años”, dijo González Alcántara.
El juez subrayó que los fundamentos esgrimidos para analizar si se apega a la Constitución una reforma de la carta magna han sido defendidos en el pasado por el partido que ahora dirige la coalición gobernante.
Para modificar la Constitución, las bancadas oficialistas de diputados y senadores tienen los votos suficientes en el nuevo Congreso, inaugurado en septiembre.
La reforma al Poder Judicial es parte de un paquete de 20 cambios a la carta magna impulsados por el Gobierno de López Obrador y apoyados por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, los cuales comenzaron a ser aprobados por el nuevo Poder Legislativo. (Sputnik)
