El gobernador de Nuevo León, Samuel García, ha acumulado un nuevo récord, pero esta vez no se trata de un logro positivo. Francisco Cienfuegos, Secretario de Enlace Legislativo del CEN del PRI, afirmó que García se ha convertido en un “delincuente electoral” al acumular cinco sentencias en su contra por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Estas sanciones se derivan de su presunto uso indebido de recursos públicos y redes sociales para promover a candidatos de su partido, Movimiento Ciudadano (MC).
Según Cienfuegos, las sentencias demuestran que Samuel García ha incumplido reiteradamente la ley electoral, utilizando su posición como gobernador para beneficiar a su partido. En un video publicado en sus redes sociales, el priista señala que García ha mentido tanto a los tribunales como a los ciudadanos de Nuevo León, al desviar recursos del estado para fines partidistas.
Una de las sanciones más recientes impuestas por el TEPJF se refiere a la promoción de un evento gubernamental que, según el tribunal, fue utilizado para darle publicidad a Movimiento Ciudadano y al entonces candidato presidencial del partido. Este tipo de acciones, en las que se mezclan actividades de gobierno con fines electorales, han sido objeto de diversas sanciones a lo largo de la administración de García.
Francisco Cienfuegos también destacó que todas las sanciones impuestas al gobernador deben pasar por el Congreso del Estado para su revisión. Sin embargo, la bancada de Movimiento Ciudadano, en su intento de mantener el control del Congreso, busca bloquear cualquier acción que pueda afectar al mandatario. Este control legislativo es clave para que García no enfrente mayores consecuencias políticas.
Esta no es la primera vez que Samuel García recibe sanciones por su conducta durante las recientes campañas electorales. El gobernador ya ha sido sancionado cinco veces, tanto por el TEPJF como por el Instituto Nacional Electoral (INE), por utilizar recursos públicos de manera inapropiada para beneficiar a su partido. Esta situación ha generado controversia sobre el respeto a las normas electorales y el uso de los recursos del estado.
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