Los dirigentes del PRI y PAN en Nuevo León, José Luis Garza Ochoa y Policarpo Flores Peña, respectivamente, solicitaron este jueves un juicio político para la destitución e inhabilitación de hasta 20 años del Gobernador del Estado, Samuel García Sepúlveda.
La solicitud se basa en el acumulamiento de nueve sentencias del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que señalan al mandatario por desvío de recursos y violación a la neutralidad en procesos electorales.
Durante la presentación de la solicitud en la Oficialía de Partes, el presidente del PRI, Garza Ochoa, recordó que el exgobernador Jaime Rodríguez fue encarcelado por delitos electorales, y destacó que Samuel García enfrenta actualmente más sentencias en su contra, lo cual amerita una sanción severa.
“Estamos solicitando un juicio político en contra de un delincuente electoral. La autoridad electoral ha sancionado estos hechos y merecen ser castigados para que pueda ser inhabilitado y destituido”, declaró.
Flores Peña, líder del PAN en el estado, rechazó que la solicitud sea un simple espectáculo mediático, argumentando que es la propia autoridad electoral la que pide sanciones contra García. Hizo un llamado a los diputados de todas las bancadas a actuar conforme a la ley, dejando de lado los colores partidistas.
“No es un show. Los legisladores fueron elegidos por el pueblo, que es el principal agraviado por las acciones del gobernador”, sostuvo.
Ambos dirigentes enfatizaron que la situación trasciende la política partidista y se basa en el cumplimiento de la legalidad. Flores Peña pidió a los legisladores tomar en cuenta el mandato de los tribunales y actuar con urgencia para sancionar a Samuel García, cuya gestión, según los denunciantes, ha estado marcada por acciones ilegales y engaños.
La solicitud de juicio político busca que el Congreso Local inicie el proceso para destituir e inhabilitar al gobernador, así como llevar el caso ante las instancias pertinentes para que se tomen las medidas judiciales necesarias.
Los dirigentes del PRI y PAN señalaron que el objetivo final es garantizar la aplicación de la ley y la protección de los intereses del pueblo de Nuevo León.
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