La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) solicitó apoyo al Congreso local para implementar medidas que protejan la libertad de expresión y garanticen la seguridad de los periodistas.
Desde 2020 hasta agosto de 2024, se han registrado 28 casos de violaciones a los derechos de comunicadores, incluyendo detenciones arbitrarias, uso desproporcionado de la fuerza, intimidación, censura y amenazas. De estos, 24 casos han ocurrido en la administración actual, lo que refleja un preocupante incremento en la vulnerabilidad del gremio.
La presidenta de la CEDHNL, Susana Méndez Arellano, subrayó que la violencia contra periodistas constituye un atentado a la libertad de opinión y expresión, derechos fundamentales establecidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución mexicana.
“Hoy acudimos al Congreso del Estado para presentar un Pliego Petitorio que llama a los poderes públicos a asumir su responsabilidad y actuar de manera urgente para proteger a los periodistas”, señaló Méndez Arellano.
El contexto actual ha llevado a muchos periodistas a abandonar su profesión, debido al miedo y las constantes amenazas. Informes de la Relatoría Especial sobre la Libertad de Expresión de las Naciones Unidas destacan que esta problemática se debe a diversas formas de censura y represión estatal, lo que requiere una respuesta contundente.
La CEDHNL instó a las autoridades a investigar y sancionar a quienes atenten contra los periodistas, así como a aprobar leyes que prevengan y castiguen las agresiones.
La falta de un mecanismo local de protección para periodistas en Nuevo León agrava la situación de riesgo. La presidenta de la CEDHNL destacó la necesidad urgente de establecer un marco integral de protección que incluya una ley específica para salvaguardar a quienes ejercen el periodismo. Esta ley debe ser inclusiva y definir claramente los derechos y medidas de protección, además de regular la publicidad gubernamental para evitar presiones indebidas sobre los medios.
Por último, la CEDHNL hizo un llamado a revisar la legislación vigente para garantizar que no se criminalice la libertad de expresión y el derecho a la manifestación pública. Asegurar un entorno seguro y libre para el ejercicio del periodismo es fundamental para una sociedad democrática y para que la ciudadanía tenga acceso a información veraz y oportuna.
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