Ciudad de México.- El Instituto Nacional Electoral (INE) de México anunció la tarde del miércoles que continuará la organización de los comicios extraordinarios que estaban suspendidos, para elegir por voto popular a unos 1.600 magistrados de las máximas cortes y tribunales en 2025, tras un fallo del Tribunal Electoral.
La resolución judicial establece que “es constitucionalmente inviable suspender la realización de los procedimientos electorales. Es decir, que la organización del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 debe continuar”, dijo en un comunicado el INE, autoridad electoral autónoma encargada de organizar comicios en el país norteamericano.
El anuncio fue hecho luego de que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aprobó por mayoría de votos la resolución que autoriza una acción declarativa en relación con las elecciones de jueces en 2025 solicitada por el INE.
El INE informa que “acatará lo resuelto por el TEPJF”.
El Tribunal Electoral federal determinó que “es constitucionalmente inviable suspender actos que se relacionan con el desarrollo de los procedimientos electorales a cargo de esta autoridad, respecto del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial federal.
El Tribunal establece que procede la “acción declarativa” solicitada por el INE, mediante la cual pidió emitir un pronunciamiento orientado a “garantizar el cumplimiento de las funciones a cargo del INE”.
La sentencia del Tribunal Electoral ocurre después de que numerosos jueces otorgaron amparos judiciales para suspender el proceso electoral, solicitados por trabajadores del Poder Judicial, tras una reforma constitucional aprobada por el Congreso y promulgada el 15 de septiembre.
Los inconformes argumentan que la reforma a la Constitución para elegir jueces por voto popular violó el proceso legislativo y derechos humanos.
El INE aclara en su pronunciamiento que “la resolución (del Tribunal Electoral) señala que no es materia de pronunciamiento ni de litis (litigio) la validez, legalidad o eficacia de las actuaciones o resoluciones de suspensión emitidas por diversos jueces de amparo, por lo que esas determinaciones quedan intocadas en la sentencia”.
Finalmente la autoridad electoral reitera su respeto al marco constitucional y legal, y su compromiso con la organización de elecciones libres, auténticas y transparentes.
El pasado 4 de octubre la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) admitió una impugnación para revisar la reforma constitucional del Poder Judicial, aprobada por la mayoría oficialista en el Congreso.
“Por mayoría de ocho votos a tres la Suprema Corte de Justicia de la Nación acepta entrar a revisar la reforma judicial aprobada por el Congreso y publicada por el Ejecutivo”, publicó la magistrada Norma Piña, presidenta del máximo tribunal.
CONTROVERSIA JURÍDICA INÉDITA
La resolución del Tribunal Electoral mencionada por el INE se adelanta al estudio que realizará el máximo tribunal, en una contradicción inédita de poderes en la historia del país latinoamericano.
La consulta aprobada por la Suprema Corte abrió la puerta a los magistrados para analizar el proceso legislativo como fondo del asunto, que concierne a la reforma a la Constitución para elegir por voto universal a unos 1.600 magistrados de las máximas cortes federales en 2025.
Una magistrado de la Suprema Corte presentará un proyecto que será sometido a votación para determinar si procede la impugnación de la reforma, con el argumento de que “viola la independencia judicial y la división de poderes”.
La ministra Lenia Batres, quien se incorporó al máximo tribunal en enero pasado, después de ser consejera jurídica del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador -quien propuso los cambios a la Carta Magna-, dijo que un fallo en contra de la reforma podría ser “un golpe de Estado”.
El ministro Juan Luis González Alcántara respondió a su colega Batres que hace 10 años el oficialismo pidió la intervención de la Suprema Corte para revisar una reforma constitucional y nadie los acusó de “golpistas”.
“Hace 10 años nadie los acusó de golpistas, me gustaría hacer un respetuoso llamado a promover el diálogo sano, reflexivo, constructivo dentro de este Pleno, que ha logrado forjar consensos y criterios muy importantes para el país durante casi 30 años”, dijo González Alcántara.
La reforma al Poder Judicial es parte de un paquete de 20 cambios a la carta magna impulsados por el Gobierno anterior de Andrés Manuel López Obrador y apoyados por la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, los cuales comenzaron a ser aprobados por el nuevo Poder Legislativo.
Sheinbaum calificó de ilegal la decisión de la Suprema Corte de Justicia de admitir a revisión la impugnación de la reforma constitucional del Poder Judicial.
“No tiene sustento lo que está haciendo la Corte, ellos lo saben, los ministros que votaron para analizar la reforma judicial saben que están procediendo ilegalmente, ellos lo saben porque son constitucionalistas”, dijo la jefa del Ejecutivo en conferencia de prensa.
Por mayoría de ocho votos a tres el máximo tribunal aceptó revisar la reforma al Poder Judicial, para dictaminar si viola o no principios constitucionales.
La bancada oficialista discute en comisiones del Senado una nueva reforma al artículo 1 de la Constitución, para establecer que las reformas a la ley suprema mexicana no se pueden impugnar, aunque este miércoles suavizó su postura.
La oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas para Derechos Humanos (Acnudh) y organizaciones civiles alertaron que un cambio de esa magnitud violaría tratados internacionales firmados por México.
“Saludamos la amplia, sólida y plural defensa del artículo primero constitucional, reformado en 2011, y la apertura para resguardar su contenido, mismo que ha sido clave para el avance progresivo de los Derechos Humanos reconocidos en normas internacionales”, publicó Acnudh la tarde del miércoles en su cuenta de la red social X. (Sputnik)
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