El Senado de México aprobó una reforma para frenar amparos judiciales, controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad que pretendan modificar la Constitución del país latinoamericano.
La misiva fue avalada en lo general y lo particular con 85 votos a favor y 41 en contra, esto tras una larga sesión en la Cámara Alta mexicana, que concluyó en las primeras horas de este 25 de octubre de 2024.
El proyecto “propone establecer que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia, pero en ningún caso pueden ser inaplicadas por medio de control de convencionalidad”.
Esta reforma tiene como fin modificar la Carta Magna en sus artículos 105 y 107, principalmente.
“Se busca dejar en claro que, en el actual sistema constitucional mexicano, no se contempla la posibilidad de que una reforma constitucional pueda ser impugnable. El artículo segundo transitorio del proyecto dispone que los asuntos que se encuentren en trámite deberán resolverse conforme a las disposiciones contenidas en el decreto”, puntualizó el Senado en un comunicado.
El siguiente paso para esta iniciativa es la Cámara de Diputados (Cámara Baja), que revisará, discutirá y, posiblemente, aprobará la moción tanto en sus comisiones como en el Pleno.
Al igual que la reforma al Poder Judicial mexicano, este proyecto conocido también como supremacía constitucional, ha causado fuertes disputas dentro y fuera del Congreso de la Unión.
De parte de la oposición mexicana, se argumenta que la propuesta encamina a México hacia una dictadura, donde la sociedad estará desprotegida. Sin embargo, el partido oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha aludido que esto es necesario para velar por la democracia del país latinoamericano.
Esto también ocurre tras las últimas controversias suscitadas por los cambios al Poder Judicial de México, donde numerosos jueces otorgaron amparos judiciales para suspender el proceso electoral para votar por jueces, ministros y magistrados.
Los inconformes, en su mayoría trabajadores de los órganos de este sector, argumentaron que la reforma a la Constitución para elegir jueces por voto popular violó el proceso legislativo y derechos humanos.
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