Juro decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad…
El reciente acuerdo del Congreso de Nuevo León para obligar a los funcionarios de la administración estatal a jurar decir la verdad durante la Glosa del Tercer Informe de Gobierno es una medida sin precedentes en el ámbito político local.
La obligación de responder de manera directa a cada una de las preguntas de los diputados y la advertencia de un posible castigo en caso de omitir o distorsionar la información parece un esfuerzo por cimentar una mayor transparencia. Sin embargo, esta nueva regulación plantea cuestionamientos sobre su aplicación y sus posibles consecuencias.
El hecho de que los funcionarios tengan que comprometerse, bajo juramento, a ser transparentes ante el Congreso responde a una demanda ciudadana de claridad en las acciones del gobierno. Esto implica que cualquier evasión, omisión o falsedad podría acarrear consecuencias legales aún no especificadas, pero que envían un mensaje claro de responsabilidad pública. No obstante, si bien la medida es un paso hacia la rendición de cuentas, su efectividad dependerá de la seriedad con que se implementen y definan las sanciones correspondientes.
Por otra parte, aunque esta medida busca la verdad absoluta en cada respuesta, algunos podrían considerarla excesiva y poco realista en el contexto político. La naturaleza misma de la política a menudo se caracteriza por interpretaciones y matices, lo que hace difícil anticipar cómo serán evaluadas y sancionadas las respuestas que los diputados consideren evasivas o poco satisfactorias. Esta ambigüedad podría abrir la puerta a conflictos interpretativos y desencadenar un entorno tenso entre el Congreso y los representantes del gobierno estatal.
A pesar de las dudas, la medida del Congreso refleja un esfuerzo por establecer estándares de transparencia y control en la gestión pública, algo que muchos ciudadanos exigen. Si esta regulación se aplica de manera justa y se establecen sanciones claras, Nuevo León podría estar sentando un precedente en el país en cuanto a la responsabilidad pública de los funcionarios.
Resta ver si, en la práctica, este nuevo compromiso de decir “toda la verdad y nada más que la verdad” se convierte en una herramienta efectiva para garantizar que los intereses ciudadanos estén, finalmente, por encima de cualquier agenda política.
