Ciudad de México.- El juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó este martes su dimisión, que surtirá efecto en agosto de 2025, y se convirtió en la primero de las ocho magistraturas que renunciarían para no participar el año próximo en la elección de jueces por voto popular, que cuestionan.
“No me considero un candidato adecuado para un cargo que dependa del apoyo popular”, dijo el magistrado en una carta dirigida a la mesa directiva del Senado.
Las renuncias anticipadas deben presentarse antes del 31 de octubre, según una reforma constitucional aprobada por el Congreso y promulgada el pasado 15 de septiembre por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, dos semanas antes de terminar su mandato.
“Si bien mi trayectoria y capacidades me califican para la Judicatura, es en esa labor –para la que me siento más apto– donde la función no consiste en validar la voluntad de las mayorías, sino en resguardar los derechos de quienes más lo necesitan”, planteó Ortiz Mena.
De acuerdo con la reforma constitucional, si los jueces y magistrados no renuncian, aceptarían de facto una candidatura en las elecciones de los nuevos ministros, que se celebrarán en dos partes, la primera mitad en junio de 2025 y la otra en 2027.
De las once magistraturas que integran el máximo tribunal, sólo se mantendrán en sus puestos tres juezas cercanas a las posturas del oficialismo, que impulsa la reforma para elegir a las máximas cortes y unos 1.700 jueces federales: Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz.
El dimitente aclara que su renuncia no implica que acepte la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial, que es analizada por la Corte Suprema y será sometida a votación en los próximos días.
“Si no renuncio en tiempo, entraría bajo la hipótesis del tercer párrafo del artículo 98 de la Constitución, que exige causa grave para justificar una renuncia extemporánea”, prosigue la carta.
Se prevé que otros seis magistraturas presenten su renuncia antes del 31 de octubre: Juan Luis González Alcántara, Alberto Pérez Dayán, Jorge Pardo, Javier Laynez, Margarita Ríos y la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña; mientras que el ministro Luis María Aguilar termina su periodo en noviembre.
REFORMA Y LITIGIO EN MARCHA
El presidente de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña, dijo que “lo que en realidad están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025, porque eso les dará derecho a que se vayan con las alforjas llenas, que se vayan con su pensión en los términos vigentes”.
La presidenta Claudia Sheinbaum también dijo este martes en conferencia de prensa que los ministros renuncian para recibir sus fondos de retiro.
“Si no presentan ahora su renuncia ya no tendrían los haberes de retiro, que es todo lo que se llevan los ministros y ministras cuando se retiran de la Corte, que es un montón de dinero”, sostuvo la gobernante.
El renunciante explicó que procede conforme a “la presunción de validez que toda norma merece mientras no sea revocada por un tribunal competente”.
Sin embargo, agrega que esa presunción de validez es provisional: “es frágil y tal vez destinada a desaparecer cuando la Corte emita su juicio final”.
Sostuvo que la Constitución protege especialmente a quienes carecen de voz o respaldo popular.
“Hoy me enfrento a una reforma constitucional que acorta el mandato para el cual fui investido. Se me presentan dos opciones: someterme a un proceso de elección popular o presentar mi renuncia”, explicó.
Sheinbaum, considera “inconstitucional” un proyecto de resolución presentado el lunes pasado por un ministro de la Suprema Corte de Justicia, que propone anular parcialmente la reforma al Poder Judicial.
“Es inconstitucional, ellos (los magistrados) lo saben, son doctores en derecho, no tienen las atribuciones para echar atrás una reforma constitucional que siguió todos los procedimientos”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.
El capítulo final de un proyecto de resolución de 366 páginas, titulado “Efectos” del dictamen, presentado por el ministro de la Suprema Corte, Juan Luis González Alcántara, señala que “es parcialmente procedente y parcialmente fundada la presente acción de inconstitucionalidad” de la reforma judicial.
El ministro considera que el método de postulación de candidatos para una elección por voto popular “corrompe los fundamentos de la República representativa y democrática”.
Al mismo tiempo, la Cámara de Diputados votará un proyecto -que ya tiene media sanción del Senado- para establecer la denominada “supremacía constitucional”, para impedir que la Suprema Corte analice la validez de los cambios a la carta magna procesados por el Congreso, lo que podría abrir un inédito enfrentamiento entre poderes federales. (Sputnik)
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