Ciudad de México.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó este lunes su desacuerdo con el presupuesto de unos 650 millones de dólares estimado por el Instituto Nacional Electoral (INE) para organizar los comicios del Poder Judicial en 2025, en los que serán elegidos jueces y magistrados.
“No estoy de acuerdo (…), porque no entendemos cómo es que habían dicho que máximo eran 7.000 millones de pesos (unos 350 millones de dólares) y ahora están prácticamente duplicando”, dijo la jefa del Ejecutivo a periodistas.
Sheinbaum dijo que el consejo nacional del INE revisará el presupuesto, y si no lo cambia, el Ejecutivo enviará un escrito de inconformidad ante la entidad autónoma encargada de organizar elecciones.
El Consejo General del INE revisará el proyecto de presupuesto para 2025, de unos 40.000 millones de pesos (unos 2.000 millones de dólares), para gasto operativo, proyectos, recursos precautorios, que representa un 35 por ciento más que sus gastos de 2024.
Ese monto incluye los gastos para las nuevas elecciones del Poder Judicial, estimados en poco más de 13. 000 millones de pesos (650 millones de dólares actuales)
“No hay financiamiento a partidos políticos (en 2025), como en caso de las elecciones que tienen apoyo directo del presupuesto público para hacer las campañas electorales, creemos que se puede hacer con menos recursos (la elección de jueces, magistrados y ministros)”, agregó la mandataria.
Para el financiamiento a los partidos políticos en 2025, el presupuesto prevé unos 7.300 millones de pesos (unos 365 millones de dólares), según el proyecto presentado la semana pasada por el Consejo General del INE.
La elección de jueces y magistrados por voto popular es el centro de una reforma constitucional al Poder Judicial que fue aprobada por el Congreso y promulgada el 15 de septiembre pasado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, dos semanas antes del fin de su mandato, y respaldada por Sheinbaum.
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación someterá a votación el martes un proyecto de resolución que considera parcialmente inconstitucional la reforma. (Sputnik)
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