Ciudad de México.- La representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) advirtió este jueves que un proyecto de decreto para ampliar la lista de delitos punibles con prisión preventiva que analiza el Congreso de México viola normas internacionales.
“Ante la publicidad del proyecto de decreto en la Cámara de Diputados, que pretende ampliar el catálogo de delitos susceptibles de aplicar la prisión preventiva oficiosa, reiteramos que esta medida es incompatible con las normas de Derechos Humanos”, publicó la representación de Acnudh en su cuenta de la red social X.
En un mensaje adjunto a esa advertencia, el organismo de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) indica que ese proyecto “atenta contra la presunción de inocencia, el derecho a la libertad personal, el debido proceso, la igualdad ante la ley”.
Además, la iniciativa presentada por la bancada del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) vulnera el derecho a la integridad personal, y “el deber (de la autoridad) de fundar y motivar la medida privativa de la libertad”.
Otros preceptos que viola el proyecto, según la Acnudh, es “la independencia judicial, el derecho a la revisión judicial, la persecución eficaz de delitos y el enfoque de derechos humanos”.
La prisión preventiva permite que personas acusadas por algún delito permanezcan durante varios años sin recibir sentencia.
En 2021, la Suprema Corte de Justicia dictaminó que la prisión preventiva “en ningún caso será superior a dos años, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado”.
Vencido ese plazo de dos años, para determinar si la prisión preventiva oficiosa se prolonga o cesa, el máximo tribunal consideró que deberá realizarse “un escrutinio elevado de justificación con base en los estándares internacionales” y los precedentes nacionales.
Los Censos Nacionales de Sistemas Penitenciarios publicados en 2023 revelan que más del 40 por ciento de las más de 220.400 personas detenidas en penales de México estaban sin sentencia -bajo prisión preventiva- , y que al menos 15.000 personas han estado más de dos años en la cárcel sin ser sentenciadas. (Sputnik)
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