La Elección Judicial de 2025, una Oportunidad de Transición o un Show Político
Las recientes declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, abren un debate crucial sobre la transparencia y la calidad del proceso judicial en México.
Con miras a la elección judicial de 2025, el panorama se presenta como un escaparate político más que como una verdadera oportunidad de renovación para el Poder Judicial. Noroña, al informar que más de 3,000 personas se han registrado para participar en la selección de jueces, parece subestimar la magnitud de este proceso, al mismo tiempo que lanza un mensaje ambiguo sobre la equidad de género al señalar que apenas el 30% de las inscripciones corresponden a mujeres. Es evidente que se necesita un enfoque más serio y profesional en esta elección, más allá de una convocatoria llena de cifras, discursos y promesas vacías.
A tan solo unos meses de esta crucial elección, el proceso que se avecina pone en juego no solo la independencia de la judicatura, sino también la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.
La reforma judicial aprobada en septiembre de 2023, que abrió la puerta a esta elección, fue presentada como un paso hacia la democratización y la transparencia del sistema judicial.
Sin embargo, con una estructura aún permeada por intereses políticos y la falta de un marco claro que regule la calidad y capacidad de los aspirantes, no podemos sino cuestionar si este ejercicio se convertirá en una simple formalidad o en una herramienta de control político.
Si la selección de jueces y ministros se realiza sin la profundidad que requiere, podríamos estar ante un escenario donde la justicia se vea influenciada por intereses partidistas, debilitando así el verdadero propósito de la reforma.
El llamado a una mayor participación, como el que hace Noroña, no puede ser tomado como una solución mágica para la falta de representatividad y calidad en el proceso judicial.
Es urgente que los responsables de esta elección promuevan no solo la inclusión, sino también la capacitación, la integridad y la verdadera independencia de quienes se postulen para estos cargos.
La elección de jueces y magistrados debe ser un proceso cuidadoso y riguroso, no un simple escaparate de nombres y promesas vacías. Si el sistema judicial de México tiene la oportunidad de ser renovado, que esta no sea una oportunidad perdida por la frivolidad política o la mediocridad administrativa.
La Insatisfacción Legislativa ante el Presupuesto 2025: ¿Qué Falta en la Transparencia?
El reciente encuentro entre el secretario de Finanzas, Carlos Garza Ibarra, y los diputados locales, que tuvo como tema principal el proyecto de presupuesto para el 2025, dejó una sensación de frustración entre los legisladores.
En un ejercicio de casi tres horas, la discusión reveló una clara discrepancia entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente en lo que respecta a la solicitud de deuda. Aunque el monto inicial de financiamiento había sido fijado en 14 mil millones de pesos, el gobierno estatal propuso un aumento significativo, llevándolo a 17 mil 500 millones, lo que generó el descontento de los representantes legislativos.
Esta situación no solo subraya una falta de consenso, sino que refleja una preocupante desconexión entre los planes del gobierno y las necesidades de un Congreso que debe velar por la estabilidad fiscal del estado.
La insatisfacción de los diputados no es un tema menor, ya que pone en evidencia las carencias en la comunicación y el trabajo colaborativo entre las distintas instancias gubernamentales.
En lugar de recibir un ajuste o una explicación más detallada sobre los incrementos solicitados, los legisladores se sintieron ignorados, lo que pone en riesgo el proceso de aprobación del presupuesto.
En este contexto, surge la pregunta sobre si realmente el aumento en la deuda es necesario o si se está ignorando el peso que representa en las finanzas del estado.
La falta de una justificación clara y la negativa a reducir el monto planteado podrían abrir la puerta a un debate más profundo sobre la sostenibilidad financiera del estado y la responsabilidad de las autoridades en la gestión de los recursos públicos.
