En un acto que ha generado gran controversia, los diputados de Morena, PT y el Partido Verde aprobaron la reforma constitucional que da fin a siete órganos autónomos fundamentales para la protección de los derechos de los ciudadanos. Con 347 votos a favor y 128 en contra, la reforma no solo busca la extinción de estos órganos, sino también su fusión con dependencias del gobierno central, lo que ha sido criticado por organizaciones sociales y políticos de oposición.
Entre los órganos eliminados se encuentran el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE), la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH), el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y el Sistema Nacional de Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU). Estos organismos han jugado un papel crucial en la defensa de los derechos ciudadanos, la competencia económica y la transparencia gubernamental, además de garantizar la calidad educativa en el país.
Cabe mencionar que uno de los argumentos del ex-gobierno de Andrés Manuel López Obrador, respaldado por sus aliados, justifica la desaparición de estos órganos bajo el argumento de que generarían ahorros significativos, los cuales serían destinados al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Sin embargo, las voces de la oposición acusan que la medida tiene un fin político y no económico, pues considera que la verdadera razón detrás de la reforma es concentrar el poder en el Ejecutivo Federal y limitar los mecanismos de control que permiten a la ciudadanía cuestionar el actuar del gobierno.
La diputada Irais Reyes, de Movimiento Ciudadano, criticó duramente este enfoque, asegurando que la desaparición de estos organismos es un retroceso democrático y un fraude a la confianza del pueblo.
Además, otros sectores han señalado que esta reforma atenta contra la independencia de la competencia económica y la protección de los consumidores. La diputada Noemí Luna, del PAN, reprochó la decisión de Morena, aludiendo que mientras la administración federal justifica los “ahorros”, ha derrochado miles de millones de pesos en proyectos como el Tren Maya, cuyo costo se ha disparado sin que se explique claramente la viabilidad de la obra.
En su discurso, Luna destacó que los recursos destinados a la desaparición de estos órganos no representan ni el uno por ciento del gasto público, y cuestionó si realmente el interés es reducir costos o, más bien, reducir los controles sobre el poder ejecutivo.
Los cambios legislativos, una vez aprobados en el Congreso, no solo implican la desaparición de los órganos mencionados, sino que sus funciones pasarán a manos de secretarías subordinadas al Ejecutivo.
Por ejemplo, las funciones del INAI serán absorbidas por la nueva Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, mientras que el Coneval será integrado al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Este movimiento también se ha interpretado como un intento de silenciar las críticas a la gestión del gobierno y eliminar cualquier entidad que pueda ejercer una fiscalización sobre las decisiones del Ejecutivo.
Finalmente, esta reforma representa un golpe directo a la confianza pública en las instituciones y una amenaza a la transparencia y rendición de cuentas.
Mientras Morena y sus aliados insisten en que se trata de un ahorro para el país, los opositores afirman que la medida tiene consecuencias mucho más graves: la desaparición de contrapesos y la consolidación de un poder sin fiscalización. La lucha por la independencia de estos organismos se encuentra ahora en manos del Senado y los Congresos locales, donde la sociedad civil espera que se recupere lo que se ha perdido en la Cámara Baja.
Con información de https://www.elsoldemexico.com.mx/
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