El Congreso de Nuevo León vivió una sesión marcada por intensos desacuerdos entre los diputados de diferentes partidos, que culminó con la aprobación de reformas a la Ley de Coordinación Hacendaria.
Estas modificaciones aumentan del 20% al 25% el reparto de las participaciones federales a los 51 municipios del estado, con el fin de fortalecer sus finanzas y mejorar el servicio a la ciudadanía.
Sin embargo, la discusión no estuvo exenta de tensiones, especialmente entre los legisladores de Movimiento Ciudadano y sus opositores del PRI, PAN, y otros partidos.
Durante el debate, la diputada Claudia Chapa, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), destacó la importancia de esta reforma al señalar que, en al menos 10 estados del país, los municipios reciben más del 20% de las participaciones federales.
Propuso un aumento a un 25%, un punto intermedio entre el porcentaje actual y el 30% solicitado por algunos alcaldes. Además, enfatizó que se otorgaría un piso base de 15 millones de pesos a los municipios rurales, los cuales, según Chapa, son los más afectados por la falta de recursos.
A pesar de las explicaciones de la diputada, la propuesta fue rechazada por los diputados de Movimiento Ciudadano, quienes se abstuvieron en la votación.
La diputada Sandra Pámanes Ortiz criticó duramente el trabajo de la Comisión de Presupuesto, asegurando que no se había tomado en cuenta la opinión de los alcaldes, quienes horas antes habían participado en una mesa de trabajo para analizar el Presupuesto 2025. “No escucharon nuestras voces”, acusó Pámanes, generando un ambiente de frustración entre los legisladores de su partido.
En respuesta, la diputada Ivonne Álvarez, del PRI, defendió la reforma al argumentar que el objetivo era fortalecer a los municipios y, por ende, a los ciudadanos.
Sin embargo, las tensiones aumentaron cuando el diputado de Morena, Jesús Elizondo, señaló que, en el contexto del presupuesto 2025, su partido solo apoyaría a los alcaldes afines a su ideología, lo que generó la rechifla de algunos alcaldes rurales que presenciaban la sesión.
El debate concluyó con la votación de la reforma, que fue aprobada con 22 votos a favor, 20 abstenciones y cero votos en contra. Aunque la reforma avanza, el conflicto entre los legisladores refleja las profundas divisiones políticas que existen dentro del Congreso local, y la incertidumbre sobre el futuro manejo de los recursos en los municipios más necesitados sigue siendo un tema central en la agenda política de Nuevo León.
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