Durante su comparecencia en la Glosa del Tercer Informe de Gobierno ante el Congreso de Nuevo León, el Tesorero estatal, Carlos Garza Ibarra, defendió la postura del Ejecutivo sobre la entrega de recursos del Fondo Municipal.
Afirmó que, hasta el momento, no existe una resolución jurídica que obligue al estado a transferir los más de mil 700 millones de pesos pendientes para los municipios. “No estamos al día de hoy obligados a pagarlo, pero si así fuese, la responsabilidad nuestra sería cumplir lo más pronto posible”, enfatizó.
Garza Ibarra enfrentó fuertes cuestionamientos por parte de legisladores del PRI y PAN, quienes señalaron el incumplimiento en la entrega de este presupuesto etiquetado, originalmente de 2 mil 500 millones de pesos.
El funcionario explicó que algunos municipios promovieron juicios, lo que derivó en procesos legales donde, según él, el Ejecutivo no tiene la obligación de realizar estos pagos. Sin embargo, aseguró que, en caso de una resolución contraria, el estado actuaría conforme a la ley.
El Tesorero destacó también que la administración actual mantiene finanzas sanas, con un crecimiento significativo en ingresos propios, proyectados en un aumento del 10% para este año, equivalente a 2 mil 700 millones de pesos adicionales. “Esto nos permite tener mayor capacidad financiera, disminuyendo la dependencia de ingresos federales”, mencionó. Resaltó que los rubros prioritarios siguen siendo la educación, transferencias a municipios y seguridad.
Además de Garza Ibarra, otros funcionarios, como la Secretaria de Administración, Gloria Morales Martínez, y la Contralora General, María Teresa Herrera Tello, presentaron avances en áreas clave como modernización administrativa, auditorías y transparencia. Morales destacó esfuerzos en la digitalización y mejora de trámites, mientras que Herrera subrayó sanciones administrativas y denuncias penales derivadas de auditorías.
Con una postura firme en sus declaraciones, Garza Ibarra concluyó su intervención asegurando que el estado sigue comprometido con la transparencia y la rendición de cuentas.
No obstante, los legisladores opositores insistieron en la urgencia de resolver los pendientes financieros con los municipios, abriendo la puerta a futuros enfrentamientos legales y políticos sobre el manejo de los recursos públicos.
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