Un grupo de 33 ciudadanos interpuso un amparo en contra del aumento al costo del transporte público en Nuevo León, calificando la medida como ilegal y arbitraria. Mildred Madrigal, representante de los demandantes, afirmó que el incremento viola derechos fundamentales como el acceso al transporte público y a la ciudad, ambos reconocidos en la nueva Constitución del estado. “Confiamos en que el juez actuará conforme a la ley y protegerá nuestros derechos”, enfatizó.
El incremento, implementado el pasado 5 de noviembre, elevó la tarifa de la Ruta Exprés Integrada de $12 a $15 pesos, con proyecciones de escalar a $17 en 2025 y posteriormente a $21. Según Madrigal y otros afectados, las autoridades no han justificado la necesidad del alza ni cumplido con los procedimientos legales establecidos, lo que refuerza la arbitrariedad de la medida.
La demanda subraya que este aumento impacta desproporcionadamente a los sectores más vulnerables de la población, quienes dependen del transporte público para acceder a sus derechos básicos. Los demandantes exigen que se revise el proceso y que se priorice la transparencia y el bienestar ciudadano en la toma de decisiones.
El caso será decidido por el Juez Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, Francisco Manuel Rubín de Celis Garza, en los próximos meses. Mientras tanto, los demandantes mantienen la esperanza de que se frene el “tarifazo” y se respete el marco legal para garantizar un transporte público accesible para todos.
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