Montevideo.- La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) planteó el viernes en un comunicado la posible existencia de pactos de silencio entre el exmandatario uruguayo José Mujica y su pareja y exvicepresidenta, Lucía Topolansky, ambos exguerrilleros, con represores de la dictadura militar que gobernó el país entre 1973 y 1985.
Unesco criticó las recientes declaraciones de Mujica y Topolanski, en las que cuestionan la veracidad de algunos testimonios de quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos así como del sistema de justicia y analizó que “afectan la confianza en las instituciones y van contra la obligación de reparación a las víctimas”.
“Este tipo de declaraciones provenientes de quienes también sufrieron estas violencias del Estado fortalecen sospechas de pactos de silencio que impiden acceder a la verdad”, condenó el organismo.
El comunicado también advierte que “a casi 40 años del retorno a la democracia la búsqueda de verdad, justicia y reparación por las graves violaciones a los derechos humanos durante la última dictadura en Uruguay sigue siendo tarea pendiente” y recuerda que garantizar el derecho a la verdad, justicia y reparación son obligaciones del Estado “de acuerdo con la normativa vigente y los acuerdos internacionales de derechos humanos a los que el país suscribe”.
Entre 1968 y 1973, Uruguay vivió un período de represión estatal contra protestas y políticos, un período en el que también estuvo activa la guerrilla Movimiento de Liberación – Tupamaros (MLN-T), que integraban Mujica y Topolansky.
“Existe amplia evidencia de las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante el período de 1968 a 1985 como ha sido documentado en informes de relatores de Naciones Unidas, jurisprudencia de la CIDH y juicios a nivel nacional e internacional”, aduce Unesco.
Y añade: “Es importante recordar que los funcionarios estatales están obligados a contribuir a que el Estado cumpla con las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en los casos Gelman vs Uruguay (2011) y Maidanik y otros (2021)”.
Por último, la Cátedra UNESCO de DDHH de la Universidad de la República llama a “evitar la revictimización de quienes sufrieron violaciones a los derechos humanos”.
“Solicitamos a quienes han sido, son o serán representantes de la población en puestos de gobierno que realicen su deber de garantizar que el Estado cumpla con su obligación de dar información, juzgar e implementar medidas de reparación para quienes sufrieron la violencia del Estado en dictadura”, concluye.
Topolansky, referente histórica del Frente Amplio (centroizquierda), entrevistada por el periodista Pablo Cohen para su libro “Los indomables”, sobre su vida y la de su esposo, el expresidente José “Pepe” Mujica (2010-2015), puso en duda la veracidad de algunos testimonios presentados en las causas judiciales sobre la dictadura, señalando que algunos testigos pudieron haber mentido para forzar condenas a exmilitares.
Sus afirmaciones fueron luego respaldadas por Mujica en una entrevista radial.
Topolansky y Mujica pertenecieron a la guerrilla urbana MLN-T, derrotada por las Fuerzas Armadas un año antes del inicio de la dictadura, y son fundadores del Movimiento de Participación Popular (MPP), grupo político hoy mayoritario dentro del Frente Amplio.
Ambos estuvieron en prisión durante la dictadura y fueron víctimas de torturas.
En la última dictadura uruguaya se registraron numerosos casos de detenciones arbitrarias, asesinatos y torturas, se proscribieron los partidos políticos, se clausuraron medios de comunicación, se forzó al exilio a unas 380.000 personas y otras 197 fueron víctimas de desaparición forzada.
De ese total, 39 fueron identificados en cementerios y entierros clandestinos en Argentina (31) y Uruguay (8), ya que los regímenes militares que gobernaron el Cono Sur en la década de 1970 operaron en conjunto para perseguir y eliminar a simpatizantes de izquierda en el llamado “Plan Cóndor”.
Uruguay aprobó en 1986 la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado, que impedía juzgar a militares responsables de violaciones a los derechos humanos durante el régimen, pero fue derogada en los hechos en 2011 por una ley interpretativa.
Algunos represores fueron condenados, pero las familias de las víctimas aún piden justicia para numerosos casos y reclaman saber toda la verdad. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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