A tres años de haberse aprobado la Ley de Movilidad y Accesibilidad en Nuevo León, los órganos responsables de la gobernanza de este sector siguen lejos de cumplir con los estándares establecidos en la normativa.
La falta de transparencia, profesionalismo y resultados concretos sigue siendo una constante, lo que pone en entredicho la capacidad de la administración estatal para abordar la creciente crisis de movilidad en el estado.
El Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) está obligado, por ley, a realizar al menos tres sesiones ordinarias anuales para analizar y tomar decisiones estratégicas. Estas reuniones deben incluir la presentación de informes financieros, indicadores de gestión y avances en proyectos clave, además de abordar temas sensibles como la regulación de tarifas. Sin embargo, en los últimos tres años, este compromiso no se ha cumplido, dejando a la ciudadanía sin información clara sobre el manejo del sistema de transporte público.
Una de las críticas más recientes recae sobre la convocatoria de la tercera sesión ordinaria de 2024, programada para el 27 de diciembre, en pleno periodo vacacional. Activistas y expertos cuestionan la elección de esta fecha, señalando que podría ser una estrategia para minimizar la participación y el escrutinio ciudadano. “¿Cómo podemos confiar en un sistema que parece evitar la transparencia y el debate abierto?”, señalaron representantes de organizaciones civiles.
La crisis de movilidad en Nuevo León requiere una gestión eficiente y responsable, que priorice el interés público y rinda cuentas de manera clara. Ante esta situación, la ciudadanía exige seriedad y compromiso de las autoridades, así como respeto hacia quienes participan de forma honorífica en los órganos de gobernanza. Sin una base sólida y transparente, la mejora del sistema de movilidad seguirá siendo un pendiente crítico para el estado.
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