Río de Janeiro, 10 ene (Sputnik).- El Gobierno brasileño, a través de la Abogacía General de la Unión (AGU) notificó a Meta (empresa propietaria de Facebook, Instagram, Threads y WhatsApp, prohibida en Rusia por extremista) para que explique en un plazo de 72 horas sus cambios en la política de moderación de contenidos en las redes sociales.
En la notificación extrajudicial, la AGU solicita a Meta informaciones “sobre las medidas que se están tomando para cohibir la violencia de género, protección de niños y adolescentes, prevención contra el racismo, homofobia, prevención contra el suicidio, muertes, discursos de odio y otros temas de derecho fundamental”.
Además, pide que se aclare si se divulgará un informe de transparencia sobre el chequeo de desinformación realizado a través de las notas de la comunidad, método recientemente adoptado por la red social X (antes Twitter).
En el requerimiento a Meta los abogados del Estado brasileño citan algunas alteraciones en la política de Meta, como el permiso para asociar al colectivo LGTBI con trastornos mentales o la eliminación de un punto que prohibía la deshumanización de las mujeres.
En su argumentación, la AGU sostiene que las manifestaciones en plataformas digitales “no pueden ser realizadas para generar desinformación sobre políticas públicas ni minar la legitimidad de las instituciones democráticas ni causar pánico en la población”.
Respecto a la actuación de la empresa en Brasil, la AGU cree que las nuevas directrices demuestran “la posibilidad de violaciones de derechos fundamentales en el ambiente digital”.
Este viernes, el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, se reunió con diversos ministros para tratar sobre la decisión de Meta y se acordó crear un grupo de trabajo en el Gobierno con consulta al poder legislativo, judicial y a la sociedad civil.
El objetivo, según explicó Lula en sus redes sociales, es “seguir los desdoblamientos de las medidas, fortaleciendo la libertad de expresión, sin tolerar la violación de derechos fundamentales”.
El presidente remarcó que todas las empresas que actúan en Brasil deben respetar la legislación y la jurisdicción brasileñas. (Sputnik)
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