Quito.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) instó el miércoles a Ecuador a investigar la detención y asesinato de cuatro menores afroecuatorianos por una patrulla militar el 8 de diciembre, un caso que conmoción al país.
“El Estado debe investigar, juzgar, sancionar y reparar los hechos con la debida diligencia, asegurando que se verifique y aclare la posible responsabilidad de personal militar, fortaleciendo las acciones de investigación que ya han sido emprendidas”, señaló la CIDH en un comunicado difundido en su página digital oficial.
En el texto, la CIDH condenó el crimen del niño Steven Medina, de 11 años, y de los adolescentes Josué Arroyo, 14, Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, cuyos cuerpos se localizaron el 24 de diciembre a más de 40 kilómetros del sitio donde fueron arrestados.
Al momento, permanecen en prisión preventiva los 16 militares integrantes de una patrulla que detuvo a los menores bajo el supuesto de que participaban en un hecho delictivo, en tanto la Fiscalía investiga la “desaparición forzada”.
Sin embargo, el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, al transmitir las disculpas públicas a los familiares por este suceso, anunció que buscará una sanción contra la jueza Tanya Loor porque su declaración de desaparición forzada generó una persecución política.
El Gobierno apeló el cargo de desaparición forzada con el argumento de que los niños fueron liberados vivos.
“La CIDH reconoce la decisión de la jueza que concedió el hábeas corpus como una medida destinada a la búsqueda urgente de los desaparecidos. Razón por la cual expresa su preocupación por las declaraciones del Ministerio de Defensa, que pueden amenazar la independencia judicial e inhibir la labor de defensa de derechos humanos en el país, en un contexto de clamor social de justicia y no repetición de los hechos”, señala el comunicado de la Comisión.
Según el organismo internacional, el Estado ecuatoriano transmitió a la CIDH su compromiso con el respeto y garantía de los derechos humanos e informó sobre los esfuerzos de localización de los desaparecidos; la identificación de los cuerpos; las medidas para garantizar la presencia de los presuntos implicados en el proceso penal y otras acciones para cooperar con la justicia penal.
“La CIDH subraya la importancia de que el Estado redoble sus esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia de las familias y comunidades mediante la investigación, juzgamiento, sanción y reparación de los hechos, incluyendo medidas para que no vuelvan a ocurrir casos similares. Se debe indagar la responsabilidad de agentes estatales y examinar las circunstancias de los asesinatos, incluyendo la investigación de la posible comisión de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”, precisa el texto.
No obstante, recomendó al Gobierno de Daniel Noboa que en el estudio del caso se debe tomar en cuenta la edad; el origen étnico-racial; la situación socioeconómica de las víctimas, además de los vejámenes causados a sus cuerpos, que merecen ser tratados con respeto, a la vez que instó a garantizar la seguridad y protección de las familias, con el respectivo acompañamiento psicosocial y las reparaciones correspondientes.
Enfatizó, además, que el Estado debe adoptar medidas urgentes para asegurar que todas las políticas de seguridad interna tengan un enfoque de derechos humanos, que incluya priorizar la protección de niñas, niños y adolescentes afrodescendientes contra la violencia institucional, estructural y el perfilamiento racial.
“En ese marco, al implementar medidas de seguridad ciudadana, el Estado debe cumplir su obligación reforzada de proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes bajo su custodia, dado su especial situación de vulnerabilidad y la relación de subordinación en que se encuentran. Esta se intensifica en el caso de adolescentes, quienes enfrentan estigmas asociados a su etapa de desarrollo que pueden influir en su trato”, apuntó.
La CIDH llamó la atención que este caso aconteció en el contexto de sucesivos estados de excepción establecidos por el Gobierno para intentar frenar el accionar de grupos delincuenciales organizados y su autorización a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interna, por lo que recordó que la misión de estos cuerpos se enfoca a derrotar a los enemigos y no a proteger a los civiles.
El caso de los cuatro menores también ha motivado la preocupación de la Unicef y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), Jan Jarab, que han instado al Gobierno a realizar las investigaciones correspondientes. (Sputnik)
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