En la 16ª Sesión Ordinaria de la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León (IMA), se aprobó por mayoría un presupuesto histórico de 10 mil millones de pesos para 2025, a pesar de la falta de un plan claro para resolver las deficiencias del sistema de movilidad y reducir su déficit operativo.
La sesión se llevó a cabo sin la presencia del Gobernador Samuel García ni del Tesorero estatal, lo que generó críticas sobre la transparencia y la viabilidad financiera del proyecto.
Consejo Cívico, una de las organizaciones presentes en la junta, votó en contra del presupuesto, argumentando que ninguna de sus inquietudes fue atendida. Aunque reconocieron una mayor apertura por parte de la nueva dirección del IMA, señalaron que aún no existe claridad sobre cómo se manejarán los recursos ni cómo se resolverán los problemas estructurales del sistema de movilidad, muchos de los cuales se arrastran desde 2021.
Un presupuesto que duplica el anterior sin justificación clara
Uno de los puntos más polémicos fue la solicitud del IMA de duplicar su presupuesto, pasando de 5 mil millones de pesos en 2024 a 10 mil millones para 2025.
Esta cifra contrasta con la recomendación de la Tesorería estatal, que sugirió planear con un presupuesto base de 2.4 mil millones de pesos. Los 7 mil millones adicionales aprobados no cuentan con una justificación sólida, lo que ha generado dudas sobre la capacidad del IMA para gestionar estos recursos de manera eficiente.
Además, se cuestionó cómo se cubrirán los pasivos con proveedores, que ya superan los mil millones de pesos. Hasta ahora, no se ha proporcionado una respuesta clara sobre cómo se resolverán estas deudas, lo que aumenta la incertidumbre sobre la estabilidad financiera del organismo.
Dependencia de subsidios y evasión de tarifas: problemas sin resolver
Actualmente, el IMA depende en un 70% de transferencias de la Tesorería estatal, ya que el cobro de tarifas apenas cubre el 30% de su presupuesto. Esta dependencia financiera se agrava por la alta tasa de evasión de pago, que alcanza el 44.5% en las rutas operadas por el IMA. Según transportistas tradicionales, esta cifra es el doble de la registrada cuando el sistema permitía pagos en efectivo.
A pesar de estos desafíos, no se presentó un plan concreto para recuperar e incrementar el número de usuarios, mejorar la eficiencia de las rutas o garantizar que las tarifas se mantengan accesibles para la población. Tampoco se discutió cómo se abordará el déficit operativo, que amenaza con colapsar el sistema si no se toman medidas urgentes.
Falta de estrategias claras y subsidios sin fundamento
Otro punto de preocupación fue la propuesta de destinar 480 millones de pesos anuales para subsidiar a personas de bajos recursos en el área metropolitana. Aunque la iniciativa es loable, no se presentaron estudios ni fundamentos que justifiquen este monto, lo que genera dudas sobre su viabilidad y efectividad.
“Esperamos que el gobierno presente una planificación clara y soluciones concretas para evitar que este problema siga afectando a la ciudadanía”, señaló Consejo Cívico en un comunicado.
Un llamado a la transparencia y la eficiencia
La aprobación de este presupuesto récord sin una estrategia clara ni la presencia de las máximas autoridades estatales ha dejado más preguntas que respuestas. Mientras el IMA enfrenta desafíos financieros y operativos, la ciudadanía exige transparencia y soluciones reales que garanticen un sistema de movilidad eficiente, accesible y sostenible.
El gobierno de Nuevo León tiene ahora la responsabilidad de demostrar que este presupuesto no será solo una cifra millonaria, sino una herramienta para transformar la movilidad en beneficio de todos los ciudadanos.
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