El peligroso giro en la lucha contra los cárteles
México ha estado acostumbrado a los giros en la política exterior, pero el reciente anuncio de la Fiscalía General de Estados Unidos, bajo las instrucciones de Donald Trump, eleva la amenaza a niveles alarmantes. En un nuevo decreto, se ha ordenado la “eliminación total” de los cárteles y organizaciones criminales transnacionales, lo que se traduce en una intensificación de las políticas intervencionistas de Estados Unidos en suelo mexicano.
Este tipo de decretos, que priorizan la erradicación de cárteles mediante medidas como la pena capital para sus líderes y el redireccionamiento de recursos para intensificar las persecuciones, plantea una seria preocupación para la soberanía de México. No es un tema menor que Trump haya dado instrucciones a su Departamento de Justicia para revisar las estrategias de seguridad y las leyes antinarcóticos, buscando un enfoque más agresivo que, al final, podría poner en riesgo la estabilidad política y social de nuestro país.
El memorando también detalla una demanda para inspeccionar los buques comerciales y realizar decomisos de estupefacientes y precursores químicos, lo que implica una presencia cada vez más intrusiva de agentes estadounidenses en nuestra frontera. Esta intervención directa en la lucha contra el narcotráfico no solo es un desafío para la soberanía mexicana, sino que nos coloca bajo la amenaza de ser considerados como parte del “problema global de drogas” que, al parecer, requiere una solución ajena a las fronteras de México.
Además, el hecho de que se mencionen grupos como el Tren de Aragua, La Mara Salvatrucha, el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación muestra la magnitud de la amenaza. El problema no está solo en los narcotraficantes, sino en las repercusiones de que Estados Unidos pueda, en algún momento, decidir que la única forma de resolver esta situación sea mediante medidas extremas, como los ataques aéreos. Este tipo de decisiones no es ajeno a la historia de intervenciones militares en otros países, especialmente aquellos considerados como núcleos de terrorismo o narcotráfico.
Lo verdaderamente preocupante es la forma en que este tipo de medidas son percibidas: no solo como una respuesta al crimen organizado, sino como un precedente de que la guerra contra las drogas puede desencadenar una guerra a gran escala. México podría convertirse en el escenario de un conflicto que ya no se libraría solo entre narcotraficantes, sino entre los propios gobiernos. La amenaza de una “bomba inteligente”, como se menciona en algunos países del Medio Oriente o en zonas controladas por el terrorismo, podría tener paralelismos inquietantes en nuestra frontera sur.
Lo que parece ser una simple estrategia de seguridad por parte de Estados Unidos podría tener consecuencias de largo alcance para la estabilidad de México. Ante este escenario, la política mexicana debe cuestionarse: ¿realmente tenemos el control de nuestra frontera y de la lucha contra el narcotráfico, o estamos a merced de decisiones tomadas al otro lado del río Bravo?
