Montevideo (Mesa Américas).- La organización no gubernamental Human Rights Watch (HRW) alertó este lunes que la reforma legal en El Salvador que permite enviar a menores de edad vinculados a pandillas a prisiones de adultos representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en el país.
“Transferir a niños y adolescentes a centros de detención diseñados para adultos, aun en áreas separadas, representa un grave retroceso para los derechos de la niñez y adolescencia en El Salvador”, señaló la directora de la División de las Américas de HRW, Juanita Goebertus, en un comunicado.
El 13 de febrero, el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, sancionó una ley aprobada por legisladores oficialistas que establece el traslado de menores de edad acusados de “delitos cometidos en modalidad de crimen organizado” a pabellones separados dentro de centros penitenciarios para adultos administrados por la Dirección General de Centros Penales (DGCP).
“Estas reformas legislativas someten a niños y niñas al sistema penitenciario para adultos de El Salvador, que ha sido responsable de torturas y otros graves abusos”, añadió Goebertus.
La organización recuerda que el año pasado documentó graves violaciones de derechos humanos incluyendo detenciones arbitrarias, torturas y graves violaciones del debido proceso contra niños y niñas desde los 12 años.
RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN
“Más de 3.000 niños, niñas y adolescentes han sido detenidos desde que el presidente Bukele declaró un régimen de excepción en marzo de 2022, muchos de ellos sin vínculos aparentes con las pandillas o actividades delictivas. Las detenciones en muchos casos parecen estar basadas únicamente en denuncias anónimas o en su apariencia física”, señaló HRW.
Según la organización, agentes de policía reconocieron que sufrían presiones de las autoridades para arrestar diariamente a un determinado número de personas.
“Para febrero de 2024, 1.065 niños habían sido condenados durante el régimen de excepción, en muchos casos por el delito excesivamente amplio de “agrupaciones ilícitas”, detalla el comunicado.
Goebertus alertó que los menores de edad “que ya han sufrido abusos aberrantes en centros de detención juvenil, enfrentarían condiciones y abusos aún más graves en las cárceles para adultos”.
En ese sentido, consideró que “bajo ninguna circunstancia deberían ser trasladados allí”.
HRW también señaló que ha documentado que las personas detenidas en prisiones para adultos en El Salvador permanecen completamente incomunicadas y sin acceso a recursos legales efectivos para su defensa.
“Muchos se enfrentan a condiciones de hacinamiento extremo, tortura y violencia. El acceso a servicios básicos, incluyendo alimentación, agua potable y atención médica, es muy limitado”, precisó.
Tras la aprobación de las reformas, varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas alertaron que “representan un retroceso importante respecto a los compromisos asumidos por El Salvador en cuanto a contar con un sistema de justicia juvenil con enfoque diferenciado, individualizado y especializado, aplicable a todos los adolescentes acusados de delitos”.
“Recluir a niños y niñas en prisiones para adultos no solo aumentará su exposición a abusos, sino que además limitará sus posibilidades de rehabilitación”, concluyó Goebertus.
En enero, el ministro de la Defensa Nacional de El Salvador, René Francis Merino, informó que 84.260 personas fueron detenidas durante la vigencia del régimen de excepción
El régimen de excepción fue decretado por el parlamento a solicitud de Bukele el 27 de marzo de 2022, tras un violento fin de semana que dejó 87 muertos. (Sputnik)
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