El diputado local de Acción Nacional, Miguel Lechuga, presentó una iniciativa para tipificar como ejercicio ilícito de servicio público el anuncio o promoción de “obras fantasma”, es decir, proyectos de infraestructura que son publicitados por los gobiernos pero que no se concretan durante su administración. La propuesta busca reformar la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León, con el objetivo de sancionar a quienes incurran en esta práctica deshonesta.
La iniciativa plantea la adición del artículo 64 Bis, el cual establece que incurrirá en ejercicio ilícito de servicio público cualquier funcionario que, a través de anuncios, eventos o informes de gestión, promueva obras incluidas en el Plan Estatal de Desarrollo o en los planes municipales, sin que estas sean concluidas dentro del periodo de gobierno correspondiente. “Esta reforma busca garantizar que los gobiernos rindan cuentas claras y cumplan con lo prometido a la ciudadanía”, explicó Lechuga.
El legislador panista señaló como ejemplo reciente el caso de la Línea 4 del Metro, proyecto que fue descartado por el Gobierno de Nuevo León a pesar de estar contemplado en el Plan Estatal de Desarrollo. “Esta decisión no solo ha generado descontento entre la población, sino que ha agravado los problemas de movilidad en la zona, afectando a miles de personas que dependen del transporte público”, afirmó.
Lechuga destacó que la falta de transparencia en la toma de decisiones gubernamentales es uno de los principales problemas que enfrenta la sociedad. “Los ciudadanos tienen derecho a saber por qué se cancelan o modifican proyectos clave. La ausencia de explicaciones claras genera desconfianza y descontento social, lo que debilita la credibilidad de las instituciones”, subrayó.
Además, el diputado criticó la práctica de presentar obras no iniciadas como logros alcanzados en los informes de gobierno. “Esta conducta no solo engaña a la ciudadanía, sino que también distorsiona la evaluación del desempeño gubernamental y dificulta la toma de decisiones informadas por parte de la sociedad. Es una falta de ética administrativa que debe ser sancionada”, enfatizó.
Con esta iniciativa, Miguel Lechuga busca fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión pública, asegurando que los gobiernos cumplan con sus compromisos y eviten prácticas que socaven la confianza ciudadana. “Es fundamental que los funcionarios actúen con responsabilidad y honestidad, priorizando el bienestar de la sociedad sobre intereses particulares”, concluyó el legislador.
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