El diputado federal Carlos Gutiérrez Mancilla alzó la voz contra la falta de transparencia en el Gobierno Federal, al señalar que existen más de 2.5 mil millones de pesos sin aclarar en la fiscalización de 2023. Esta cifra, obtenida hasta octubre del mismo año, pone en duda la correcta administración de los recursos públicos.
Durante su participación en la tercera entrega del Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública de 2023, el legislador priista reveló que el 98% del monto pendiente de aclaración corresponde al Gobierno Federal. De estos, 1,545 millones de pesos están vinculados a irregularidades en empresas productivas del Estado y sus subsidiarias.
Uno de los casos más alarmantes involucra a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con observaciones por 362 millones de pesos, principalmente por inconsistencias en obras de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Este monto, destacó Gutiérrez Mancilla, supera la inversión en programas de protección ambiental en diversas zonas vulnerables del país.
Otro punto crítico señalado por el legislador es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que enfrenta irregularidades en el uso de 94 millones de pesos destinados a proyectos de infraestructura en Quintana Roo, Baja California y Ciudad de México, entre otros estados.
“Estos recursos deberían beneficiar a la población, pero su destino es incierto. ¿Quién se está beneficiando de esta falta de claridad? No es el pueblo”, cuestionó Gutiérrez Mancilla. Asimismo, reconoció el trabajo de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), que ha impulsado 1,730 acciones para hacer frente a estas irregularidades y evitar la impunidad en el manejo de fondos públicos.
Finalmente, el legislador hizo un llamado a la ASF para que continúe su labor con independencia y rigor técnico, sin ceder a presiones políticas. Aseguró que el PRI respaldará el trabajo de la Auditoría siempre que contribuya a la lucha contra la corrupción y la opacidad. “Estamos aquí para defender a la ciudadanía y garantizar que el gasto público se maneje con absoluta transparencia”, concluyó.
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