El acceso a la salud es un derecho fundamental que no puede ser condicionado por la situación legal de una persona. Sin embargo, en los centros de reinserción social de Nuevo León, la realidad dista mucho de este principio.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León (CEDHNL) ha puesto el dedo en la llaga al solicitar apoyo a dos de las principales instituciones hospitalarias de la entidad, el Hospital Metropolitano y el Hospital Universitario, para atender las graves deficiencias en el acceso a servicios médicos en las prisiones del estado.
Esta solicitud no es casualidad. La creciente población penitenciaria ha evidenciado una crisis en la atención médica dentro de los reclusorios, donde las enfermedades no discriminan y el abandono institucional ha exacerbado la situación. Hernias, problemas urológicos, esclerosis múltiple, cáncer, tuberculosis y convulsiones son solo algunos de los padecimientos que afectan a decenas de internos y que, en muchos casos, no reciben la atención adecuada.
La ombudsperson, Susana Méndez Arellano, ha sido clara al señalar que el derecho a la salud no es un privilegio, sino una garantía que debe ser respetada sin distinción alguna.
La petición de apoyo a los hospitales no solo busca cubrir una necesidad urgente, sino también generar un precedente de colaboración interinstitucional para que las personas privadas de su libertad reciban el trato digno que merecen.
En una sociedad que presume de respeto a los derechos humanos, resulta inaceptable que se sigan presentando casos de negligencia médica dentro de los penales. La reinserción social no puede lograrse si se ignoran las condiciones de vida de los internos, y la salud es un pilar fundamental en este proceso.
Si el Estado no cumple con su obligación de garantizar atención médica oportuna y de calidad en las cárceles, está contribuyendo al deterioro de una población que, tarde o temprano, volverá a la sociedad.
Las autoridades de salud tienen ante sí la oportunidad de demostrar su compromiso con los derechos humanos y la justicia social. La respuesta que den a este llamado marcará la diferencia entre el abandono y la dignidad, entre la indiferencia y la responsabilidad. Nuevo León no puede permitirse seguir postergando una deuda pendiente con quienes, aun privados de su libertad, siguen siendo ciudadanos con derechos inalienables.
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