Ciudad de México.- México entregó 29 narcotraficantes a EU el jueves, en forma expedita, pocas horas después de recibir una lista de Washington con base en una Ley de Seguridad Nacional, sin aplicar la legislación vigente sobre extradiciones, dijo este viernes el fiscal general, Alejandro Gertz.
“Hubo una solicitud concreta por escrito. Creo que no habían pasado horas desde que llegó, se convocó al Consejo Nacional de Seguridad, que está formado por varios funcionarios, se hizo el análisis en esa reunión, se vieron las bases jurídicas si estaban cumplidas y se procedió, fue un asunto inmediato (…). La solicitud viene con nombre y apellido, no se está aplicando ninguna Ley de Extradición”, dijo el fiscal general en conferencia de prensa.
El fiscal participó el jueves en las negociaciones con el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, encargado de la diplomacia del presidente, Donald Trump, junto con el Gabinete de Seguridad mexicano, que integran los titulares de Gobernación (Interior), Defensa y Marina.
Gertz sostuvo que, al aplicar la Ley de Seguridad Nacional, el Gobierno mexicano no violó los amparos judiciales emitidos por jueces y tribunales a favor de los procesados por narcotráfico, que impedían la extradición solicitada por EU a través de la cancillería.
“Esta es una solicitud de Seguridad Nacional que justificaron los EU en razón de las conductas criminales de esas personas en ese país, que coinciden con los procedimientos y los conocimientos que tenemos sobre esas conductas”, respondió Gertz.
El fiscal explicó que la Ley de Seguridad Nacional mexicana está vigente desde hace 20 años, y que la entrega expedita a EU se basa en el artículo 5, que establece las condiciones de una solicitud debidamente fundada.
“No se pueden violar suspensiones (amparos judiciales) sobre un procedimiento que es ajeno a esa suspensiones”, enfatizó el fiscal.
Para responder de inmediato a las peticiones del Gobierno de Trump, la administración de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, también consideró la Convención de Palermo, que sujeta la extradición al derecho interno del Estado firmante.
“No había más que una razón por la cual nosotros cumplimos con lo que dice la Convención de Palermo, hubo una solicitud fundada del Gobierno de EU. Ese fue el motivo por el cual se detonó todo ese procedimiento”, explicó Gertz.
El anuncio oficial emitido el jueves reportó la custodia, traslado y entrega formal de 29 acusados de narcotráfico bajo los protocolos institucionales “con el debido respeto de sus derechos fundamentales, en apego a la Constitución y a la Ley de Seguridad Nacional”, por solicitud del Departamento de Justicia de EU.
MÉXICO DESCARTA PENA DE MUERTE
El fiscal respondió además a la posibilidad de que al menos cinco de los 29 narcos entregados a EU sean condenados a la pena de muerte, como pide el Departamento de Justicia.
“Las penas de sanciones procesales no las establece el Departamento de Estado sino los jueces”, respondió Gertz.
Algunos de los procesados por narcotráfico habían sorteado por entre ocho u 11 años los juicios de extradición.
El Gabinete de Seguridad Nacional tomó la decisión de la entrega expedita el mismo día en que recibió el pedido “por razones de estabilidad política”, dijo el titular de la Fiscalía General.
El alto funcionario de la entidad autónoma del Estado cuyo mandato dura nueve años y termina en 2027, acude en la actual administración a las reuniones del Gabinete de Seguridad del Ejecutivo federal.
Por su parte, el titular federal de la cartera de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, dijo que el Gobierno basó su decisión en el riesgo de que los 29 capos narcotraficantes fueran liberados o que su entrega fuera postergada.
“El Gabinete de Seguridad cuenta con información de que algunos de estos objetivos solicitados por el Gobierno de EU fueran liberados o se siguieran atrasando sus procesos de extradición derivado de acuerdos con algunos jueces que buscaban favorecerlos”, dijo García Harfuch en la conferencia conjunta.
En la lista de capos solicitados por Washington había casos de peticiones que datan de hace 40 años, como Rafael Caro Quintero, apodado el Rey de la Marihuana.
Sin mencionar los detalles jurídicos de la decisión gubernamental, Sheinbaum esgrimió los casos de corrupción en el Poder Judicial, que fue esgrimida por el oficialismo para reformar la Constitución para elegir a jueces y magistrados de todas las cortes del país por voto popular.
“Es una bendición para México lo que vamos a vivir este año, elegir a los jueces, magistrados y ministros, y que el pueblo pueda salvar al Poder Judicial de esta ofensiva corrupción”, dijo la gobernante.
Además de la Ley de Seguridad Nacional, el Gobierno apeló al artículo 89 de la Constitución mexicana.
García Harsfuch dijo que los 29 procesados por narcotráfico “son amenazas para la estabilidad del país”:
“Fue una decisión del Gabinete de Seguridad, una decisión colegiada que se tomó, donde no tiene que ver la señora presidenta de la República (por Sheinbaum)”, subrayó el encargado de la seguridad pública.
Según el Departamento de Justicia, cinco narcos mexicanos podrían alcanzar la pena de muerte: el primero es Caro Quintero, acusado del asesinato de de un agente de la agencia antidrogas de EU, detenido en Costa Rica en 1985, liberado en 2013 por un beneficio procesal, y recapturado en 2022.
La lista la completan José Rodolfo Villarreal, alias “El Gato”, del cartel Beltrán Leyva; Vicente Carrillo Fuentes, alias “El Viceroy”, líder del cartel de Juárez, acusado de 46 delitos en EU, hermano del “El Señor de los Cielos”; Andrew Clark, alias “El Dictador”, acusado por homicidio y narcotráfico del cartel Jalisco Nueva Generación; y Luis Gerardo Méndez Estevane “El Tío”, del grupo criminal “Los Aztecas”. (Sputnik)
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