El diputado Fausto Gallardo García, del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), presentó una iniciativa que busca reformar el artículo 280 del Código Penal Federal para imponer sanciones más estrictas contra la venta, tráfico y comercialización de cadáveres o restos humanos. La propuesta plantea penas de tres a ocho años de prisión y multas que oscilan entre 500 y 2,000 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) para quienes incurran en estos delitos.
La iniciativa, enviada a la Comisión de Justicia, define como “comercialización” cualquier acto en el que se transfieran cadáveres o restos humanos a un tercero a cambio de un beneficio económico o en especie. No obstante, se excluye de esta sanción a instituciones públicas, académicas o científicas que cuenten con autorización legal para el manejo de restos humanos con fines de investigación, estudio o conservación del patrimonio cultural y forense del país.
Gallardo García destacó que el tráfico de restos humanos ha dejado de ser un problema aislado para convertirse en una práctica sistemática con graves implicaciones legales, sociales y culturales. Esta actividad no solo viola la dignidad post mortem de las personas, sino que también afecta los derechos de las familias y erosiona la confianza en las instituciones encargadas de proteger los cementerios y mantener el orden público.
Investigaciones periodísticas han revelado la existencia de un mercado negro de restos humanos en México, donde se comercializan huesos y osamentas a precios que van desde 200 pesos por un dedo hasta 35,000 pesos por un esqueleto completo. La falta de regulación efectiva ha permitido que redes delictivas operen con impunidad en varios estados del país.
La Ciudad de México es una de las entidades con mayor incidencia de este delito. En panteones como el de San Lorenzo, en la alcaldía de Iztapalapa, se han documentado múltiples casos de saqueo de tumbas y venta de restos humanos, en los que incluso empleados de cementerios han estado involucrados.
Actualmente, el artículo 280 del Código Penal Federal sanciona la exhumación ilegal de cadáveres, pero no distingue entre aquellos casos en los que se realiza con fines lucrativos. La reforma propuesta introduce un agravante específico para quienes exhuman restos humanos con el objetivo de venderlos, traficarlos o comercializarlos, incrementando las penas y estableciendo multas más elevadas. Además, se incluye una definición clara de “comercialización” para evitar interpretaciones ambiguas.
Con esta iniciativa, se busca fortalecer el marco legal y garantizar la protección de la dignidad post mortem, así como el derecho de las familias a la integridad de los restos de sus seres queridos. La propuesta representa un avance significativo en la lucha contra un delito que, de no ser atendido, continuará proliferando en mercados clandestinos y afectando a la sociedad en su conjunto.
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