La diputada Lorena Piñón Rivera (PRI) planteó modificar el artículo 39 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a fin de que le corresponda a la Federación, las entidades federativas y a los municipios, coordinar con las instituciones de seguridad pública la implementación efectiva de medidas orientadas a garantizar un transporte seguro para los miembros de las instituciones policiales.
Ello, indica, con el objetivo de minimizar el riesgo de exposición a situaciones peligrosas y que garanticen la llegada segura de estos elementos a sus hogares.
La iniciativa, remitida a la Comisión de Seguridad Ciudadana, señala que la naturaleza de las funciones de los cuerpos policiales los expone a una amplia variedad de riesgos y lamentablemente cada vez son más frecuentes las agresiones y actos violentos perpetrados contra ellos por parte del crimen organizado.
Estos agentes, subraya, son constantemente amenazados por grupos del crimen organizado, simplemente por cumplir con su deber y mantener el orden público, tal como lo mandata la Constitución Política. Estas amenazas no solo ponen en riesgo sus vidas, sino que también afectan su bienestar psicológico y el de sus familias.
Los cuerpos policiales, agrega, enfrentan riesgos incluso después de su jornada laboral, ya que su papel en la aplicación de la ley y en el mantenimiento del orden público los convierte en blancos para ciertos grupos criminales.
Los ataques a estas personas, continua, tienen un impacto negativo en la percepción de seguridad de la comunidad en general, ya que ve comprometida su tranquilidad y aumenta su desconfianza, porque ponen en duda la fuerza que tienen las instituciones para protegerlos.
El documento resalta la urgencia de reforzar las estrategias de seguridad y protección para estos agentes y que el Estado garantice un traslado seguro de los policías de regreso a sus hogares, pues al aumentar las medidas de protección se podrá hacer frente a la violencia y defender a quienes arriesgan sus vidas diariamente para mantener la paz y el orden en nuestras comunidades.
Por ello, afirma, es necesario legislar a favor de quienes cuidan a la ciudadanía y que la ley establezca medidas que les brinden la confianza de realizar su labor y, sobre todo, les conceda la tranquilidad necesaria a las familias de los elementos de las instituciones policiales.
“Ampliar la protección de estos cuerpos de seguridad es crucial para garantizar que puedan tener un retorno seguro a sus hogares, después de cumplir con su deber”, puntualiza.
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