
Con el objetivo de combatir los incendios forestales y la negligencia en el cuidado de terrenos, el coordinador del Grupo Legislativo de Movimiento Ciudadano en el Congreso del Estado, Miguel Ángel Flores Serna, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal de Nuevo León.
La propuesta busca clasificar como delito grave el provocar incendios y responsabilizar a los dueños de predios que permitan la acumulación de basura o vegetación que pueda propagar el fuego.
La iniciativa propone imponer penas de siete a 13 años de prisión a quienes sean sorprendidos iniciando incendios en áreas forestales, terrenos baldíos o basureros clandestinos. Además, establece que este delito será considerado de prisión preventiva oficiosa, lo que significa que no habrá posibilidad de salir bajo fianza.
“Esta reforma es una respuesta contundente a los más de 239 incendios que hemos enfrentado recientemente en Nuevo León, muchos de ellos provocados por acciones humanas. Estos actos no solo dañan el medio ambiente, sino que también afectan gravemente la salud de los neoleoneses. No podemos permitir que esto siga ocurriendo”, explicó Flores Serna durante la presentación de la iniciativa.
El legislador también destacó que la propuesta incluye sanciones para los propietarios de terrenos que, por acción u omisión, permitan la acumulación de residuos o el crecimiento descontrolado de vegetación, condiciones que facilitan la propagación de incendios.
“Si tienes un predio, es tu responsabilidad mantenerlo en buenas condiciones. No podemos permitir que la negligencia de unos afecte a toda la comunidad”, agregó.
La iniciativa subraya el derecho constitucional a un medio ambiente sano y enfatiza la necesidad de que las autoridades promuevan legislaciones que garanticen la preservación del entorno natural para las generaciones presentes y futuras.
“Esta reforma no solo busca castigar, sino también prevenir. Queremos proteger nuestros ecosistemas y garantizar un futuro sostenible para todos”, concluyó Flores Serna.
La propuesta ha generado expectativa entre organizaciones ambientalistas y ciudadanos, quienes esperan que su aprobación contribuya a reducir los incendios forestales y a fomentar una mayor responsabilidad en el cuidado de los terrenos.
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