Nuevo León podría dar un paso significativo en la lucha contra la violencia de género con una iniciativa presentada por Sandra Pámanes Ortiz, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano. La propuesta busca reformar el Código Penal del Estado para adaptar el delito de feminicidio a los estándares establecidos por la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW), un tratado internacional que promueve los derechos de las mujeres y las niñas.
En su exposición en tribuna, Pámanes destacó la necesidad de armonizar la legislación local con el marco internacional, ya que en México existen 33 tipos penales de feminicidio (32 estatales y uno federal), lo que genera disparidades en la aplicación de la justicia. “Es fundamental que Nuevo León se sume a este esfuerzo para garantizar una respuesta más efectiva y uniforme ante este delito”, afirmó.
La iniciativa propone la inclusión de dos nuevas causales y siete agravantes para tipificar el feminicidio. Entre las causales se encuentra el que exista una relación de subordinación o superioridad entre el agresor y la víctima, ya sea laboral, docente, religiosa o institucional. También se considera como causal cuando la víctima se encuentre en estado de indefensión o desprotección frente al agresor.
En cuanto a los agravantes, se plantea aumentar las penas cuando el delito sea cometido por servidores públicos, cuando involucre a dos o más personas, o cuando se realice frente a familiares de la víctima. Además, se incluyen circunstancias como el uso de un vehículo de transporte público o privado para cometer el crimen, o cuando la víctima sea una niña o adolescente.
“Con esta reforma buscamos desglosar de manera más amplia las conductas delictivas y atender la realidad que enfrentan las mujeres. Queremos garantizar que se llegue a la verdad y se haga justicia para las víctimas directas e indirectas”, explicó Pámanes.
La legisladora enfatizó que la iniciativa no solo busca sancionar de manera ejemplar, sino también eliminar la impunidad que rodea estos casos. “La homologación de los tipos penales en todo el país permitirá una aplicación más ordenada y efectiva de la justicia, en línea con los compromisos internacionales que México ha adquirido”, agregó.
La CEDAW, adoptada por la ONU en 1979, es el instrumento internacional más completo sobre los derechos de las mujeres y las niñas. Al adecuar la legislación local a este marco, Nuevo León se sumaría a los esfuerzos globales para erradicar la discriminación y la violencia de género.
La propuesta de Pámanes incluye modificaciones a los artículos 331 Bis 2, 331 Bis 3 y 331 Bis 6 del Código Penal, así como la adición de nuevos apartados para fortalecer la tipificación del delito. Con esta reforma, el estado buscaría no solo cumplir con estándares internacionales, sino también enviar un mensaje claro de cero tolerancia hacia la violencia contra las mujeres.
El proyecto ha sido recibido con expectativa por organizaciones de la sociedad civil, que ven en esta iniciativa una oportunidad para avanzar en la protección de los derechos de las mujeres y garantizar que los casos de feminicidio sean juzgados con la severidad que merecen.
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