El drama de las desapariciones: entre el silencio y la impunidad
La crisis de violencia y desapariciones en México ha alcanzado niveles alarmantes, y la reciente revelación de hornos crematorios clandestinos en Jalisco vuelve a exhibir la descomposición social y la ineficacia gubernamental ante este fenómeno. Mientras las cifras de desapariciones generan controversia, el gobierno federal desestima las denuncias de la Iglesia católica y trata de esquivar responsabilidades, dejando a los colectivos de búsqueda como los únicos que realmente enfrentan la tragedia.
La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) alertó sobre un incremento del 40% en las desapariciones, pero la presidenta Claudia Sheinbaum refutó la afirmación, asegurando que la información no es precisa. Sin embargo, más allá de la disputa de cifras, lo innegable es la angustiante realidad que miles de familias viven cada día. Mientras el gobierno insiste en minimizar el problema, los hallazgos de fosas y crematorios clandestinos siguen destapando la brutalidad con la que operan los grupos criminales.
El reciente descubrimiento en el municipio de Teuchitlán, Jalisco, es un testimonio del horror: restos humanos calcinados, prendas de vestir y objetos personales de personas que fueron brutalmente desaparecidas. Lo más inquietante es que las autoridades estatales ya habían intervenido en este mismo sitio meses atrás, cuando rescataron a varias personas que presuntamente eran forzadas a delinquir. ¿Cómo es posible que, después de ese operativo, el lugar siguiera siendo un punto activo para la barbarie criminal?
La Fiscalía General de la República ha tomado el caso, pero la historia de impunidad en México sugiere que los resultados serán inciertos. Se requiere algo más que investigaciones protocolarias: se necesita voluntad política real para desmantelar las estructuras criminales que operan con total impunidad y que han convertido a Jalisco y otras regiones del país en escenarios de terror.
Mientras el gobierno sigue buscando cómo desmarcarse de la crisis y evitando confrontaciones incómodas, las madres y familiares de desaparecidos continúan recorriendo el país con palas y picos, buscando los restos de sus seres queridos. La lucha por la verdad y la justicia recae en quienes han sido víctimas del Estado ausente, mientras que la clase política solo atina a administrar la crisis con discursos vacíos.
El país no necesita más desmentidos ni evasivas. Necesita respuestas, acciones concretas y justicia para las miles de víctimas de desaparición forzada. Cada fosa clandestina que se descubre no es solo un crimen del narco, sino una sentencia de fracaso para un gobierno que aún no ha podido garantizar lo más básico: el derecho a la vida y a la seguridad.
