Río de Janeiro (Brasil).- El Tribunal Supremo Federal de Brasil imputó el martes a otros seis aliados del expresidente Jair Bolsonaro (2019-2023), acusados de haber participado en el intento de golpe de Estado que presuntamente lideró el exmandatario ultraderechista para evitar que Luiz Inácio Lula da Silva asumiera el poder.
“Por unanimidad, la primera sala del Tribunal Supremo Federal aceptó, este martes, la denuncia presentada por la Fiscalía contra seis acusados de integrar el llamado Núcleo 2 de la organización que buscaba impedir el regular funcionamiento de los poderes de la República y deponer el Gobierno legítimamente electo a través de un golpe de Estado”, informó la corte en un comunicado.
Los imputados son el comisario de la Policía Federal Fernando de Sousa Oliveira; el ex asesor de Asuntos Internacionales de Bolsonaro Filipe Martins; el coronel de la reserva del Ejército Marcelo Câmara; la ex directora de inteligencia de la Policía federal Marília Alencar; el general de la reserva del Ejército Mário Fernandes, y el ex director de la Policía de Carreteras Silvinei Vasques.
El juez Alexandre de Moraes votó a favor de acatar íntegramente la denuncia de la Fiscalía y los demás jueces estuvieron de acuerdo.
Al emitir su voto De Moraes detalló los indicios presentados por la denuncia para cada acusado, como documentos, registros de mensajes de celular, entradas en edificios públicos y otras informaciones que confirman las versiones del exasesor de Bolsonaro Mauro Cid, principal delator e informante a los investigadores.
A finales de marzo, el Supremo ya había decidido imputar a Bolsonaro y a otros siete miembros del llamado “núcleo crucial” de la preparación del golpe, integrado por exministros y altos cargos de las Fuerzas Armadas y el Gobierno.
Tanto ese grupo como el que ahora pasa a estar imputado serán juzgados por los mismos delitos, cuyas penas máximas, sumadas, superan los 40 años de cárcel.
Se trata de los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, intento de golpe de Estado, pertenencia a organización criminal armada, daño con violencia y grave amenaza contra el patrimonio del Estado y deterioro de patrimonio protegido. (Sputnik)
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