Quito.- La defensa de los cuatro menores arrestados por una patrulla militar y posteriormente ejecutados, en diciembre pasado en Ecuador, anunció este martes que llevará el caso a instancias internacionales si la justicia nacional no establece la responsabilidad del Estado en los delitos de desaparición y muerte.
“Nosotros centramos la participación y responsabilidad del Estado en la desaparición de los cuatro niños, pero también en la muerte. Y si la justicia penal no logra reconocer ambas responsabilidades, por la desaparición y por la muerte, accederemos, por supuesto, a la justicia internacional”, aseguró Fernando Bastias, abogado y miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos, en entrevista con la emisora local Radio Armónica.
Bastias reiteró que jurídicamente el Estado incumplió su rol de cuidado y como consecuencia derivó en la muerte de los cuatro menores de la ciudad costera de Guayaquil (noroeste).
“La investigación penal por la muerte de los cuatro niños continúa sin avanzar”, insistió.
Los menores Steven Medina, de 11 años; Josué Arroyo, de 14 años, y Saúl Arboleda e Ismael Arroyo, de 15 años, fueron vistos por última vez con vida a más de 40 kilómetros de donde fueron capturados por 16 militares y posteriormente sus cuerpos aparecieron en un manglar cercano calcinados.
Actualmente, los integrantes de la patrulla permanecen en prisión preventiva y son investigados por desaparición forzada, aunque el Gobierno y las Fuerzas Armadas apelaron a este cargo con el argumento de que los niños fueron abandonados con vida.
La Fiscalía General del Estado realizó la noche del domingo la segunda reconstrucción de los hechos del caso denominado “Las Malvinas”, que toma el nombre del sector donde residían las víctimas.
Durante el procedimiento, uno de los militares imputados, acogido a un mecanismo de cooperación eficaz, acusó directamente a un suboficial (un cabo) de lanzar de cabeza a dos de los adolescentes desde el balde de una camioneta, lo cual le ocasionó una herida.
Según su testimonio, el grupo de militares se movilizaba en dos vehículos, uno de los cuales se detuvo en un área de servicio junto al peaje, donde el suboficial habría bajado violentamente a los jóvenes, con insultos, golpes en la cabeza y el pecho y los arrojó a la parte trasera del vehículo.
“El cabo los bajó uno por uno, los tiró de la camioneta y a uno le partió la cabeza. Los insultó, los puso de rodillas y los empezó a golpear”, relató el militar.
Las familias de los menores, respaldadas por las organizaciones de derechos, exigen respuestas desde diciembre de 2024.
Varios organismos expresaron su preocupación e instaron al Gobierno a impulsar esta investigación, entre estos Unicef, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de los Derechos del Niño/a de la ONU y Amnistía Internacional.
Mientras, la Fiscalía intensifica las diligencias antes del cierre de la instrucción, previsto para este miércoles. (Sputnik)
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