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Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, reformas para crear la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado

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Con un amplio respaldo legislativo, la Cámara de Diputados dio luz verde a la creación de la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (ATTRAPI), un organismo clave para modernizar el sistema ferroviario del país y potenciar el transporte de pasajeros. La reforma, impulsada por la presidenta de la República, obtuvo 440 votos a favor en lo general y 449 en lo particular, marcando un paso decisivo hacia un transporte más eficiente, seguro y sostenible.

El proyecto, que ahora pasa al Senado para su revisión final, modifica cinco leyes federales para sentar las bases de una red ferroviaria moderna, priorizando no solo el transporte de carga, sino también un servicio público de pasajeros que conecte las distintas regiones del país. La iniciativa busca reactivar este medio de transporte, relegado durante décadas, como un eje estratégico para el desarrollo económico, turístico y social.

La ATTRAPI operará como un organismo descentralizado bajo la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), con autonomía técnica y facultades para construir, mantener y supervisar la infraestructura ferroviaria. Además, promoverá la inversión pública y privada, coordinará proyectos multimodales y garantizará estándares de seguridad y competencia en el sector.

Entre los cambios más relevantes destaca la sustitución del salario mínimo por la Unidad de Medida y Actualización (UMA) en sanciones e indemnizaciones, ajustando el marco legal a la realidad actual. También se establece que el Estado tendrá la rectoría del servicio ferroviario, asegurando su operación en condiciones de libre competencia y eficiencia, sin comprometer la soberanía nacional.

La reforma incluye la creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario, encargada de supervisar la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura, así como de imponer sanciones por incumplimientos. Además, se fortalecen las obligaciones de concesionarios y operadores, exigiendo seguros que cubran daños a terceros y a las vías.

Los legisladores destacaron que este modelo no solo mejorará la movilidad, sino que reducirá el impacto ambiental al disminuir la dependencia de vehículos automotores. “Es un paso hacia un México mejor conectado, con transporte accesible y menos contaminante”, afirmaron durante la discusión.

El proceso no estuvo exento de debate: se presentaron múltiples propuestas de modificación, algunas retiradas y otras rechazadas, reflejando las distintas posturas en torno a detalles técnicos y competencias regulatorias. Sin embargo, el consenso general apuntó a la urgencia de modernizar el sistema ferroviario como pilar del desarrollo nacional.

Con esta aprobación, México se encamina a recuperar su tradición ferroviaria, ahora con una visión integrada y sostenible que promete transformar el transporte público en las próximas décadas.