Ciudad de México.- Amnistía Internacional (AI) expresó su “honda preocupación” por las desapariciones de personas en México durante 2024, cuando sumaron más de 13.500 casos, indica el informe anual del organismo, publicado el martes.
“Las desapariciones eran motivo de honda preocupación, pero se temía que el Gobierno minimizara la magnitud de la cuestión. Quienes buscaban a personas desaparecidas corrían grave peligro. La práctica de la detención arbitraria seguía sin remitir, y la independencia judicial se veía amenazada por las reformas constitucionales”, afirma AI en su reporte, titulado “La situación de los derechos humanos en el mundo: abril de 2025”.
El número de personas desaparecidas o en paradero desconocido se basa en las cifras de la Comisión Nacional de Búsqueda.
Ese organismo gubernamental “registró 13.588 casos nuevos de personas desaparecidas y no localizadas en 2024, de las cuales 9.621 eran hombres, 3.960, mujeres, y siete permanecían sin identificar”, detalla el informe.
Según esas cifras oficiales, el total de casos registrados entre 1962 y el total de 2024 ascendía a 120.740 personas, mientras que el año pasado el incremento de reportes de desapariciones de personas con respecto a 2023 fue del 30 por ciento.
“Las organizaciones de la sociedad civil habían mostrado preocupación respecto a que el Gobierno en realidad estuviera tratando de negar la crisis y minimizar la cifra oficial de personas desaparecidas o no localizadas”, prosigue el documento.
En marzo, la Secretaría de Gobernación (Interior) informó de que aproximadamente 20.000 personas habían sido presuntamente localizadas y casi 100.000 seguían desaparecidas o no localizadas, cita la organización internacional fundada en 1961 en Londres.
“Quienes buscaban a familiares que habían desaparecido seguían corriendo grave peligro. Los riesgos afectan de forma desproporcionada a las mujeres, que representaban la mayoría de las personas que efectuaban búsquedas”, dice el capítulo de México, al que la organización destina cinco páginas.
EXPERTOS DE LA ONU
Durante los 17 años transcurridos desde que comenzara la intensa participación de los militares en las operaciones de seguridad pública en México, “el número de desapariciones forzadas y asesinatos no había dejado de aumentar”, señala el informe.
En julio del año pasado, el Grupo de Trabajo de la Organización de Naciones Unidas sobre la Detención Arbitraria expresó preocupación por el uso sistemático de esta práctica en el país latinoamericano.
Esa instancia internacional señaló “el empleo de la figura del arraigo (prisión cautelar sin cargos) y la prisión preventiva oficiosa (automática), la militarización de la seguridad pública y el uso excesivo de la fuerza durante las detenciones, entre otras cuestiones”.
En diciembre de 2024, en los primeros meses del Gobierno de la presidenta, Claudia Sheinbaum, se aprobó una reforma constitucional para ampliar la prisión preventiva oficiosa a los delitos de extorsión y contrabando.
A pesar de las advertencias de los expertos internacionales, esa figura legal se aplicó además a determinados delitos relacionados con las drogas ilícitas.
“Defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes seguían exponiéndose a la criminalización, el uso excesivo de la fuerza, la violencia y la muerte”, prosigue el capítulo dedicado a México.
Las fuerzas armadas y la Guardia Nacional “continuaron cometiendo violaciones de derechos humanos, incluidas posibles ejecuciones extrajudiciales, con persistente impunidad”, indica la organización.
El Gobierno siguió fomentando la producción y el uso de combustibles fósiles el año pasado.
“La vía férrea Tren Maya y el Aeropuerto Internacional de Tulum siguieron funcionando, pese a la preocupación que suscitaba su impacto ambiental”, continúa el informe.
NUEVO GOBIERNO
En junio, Sheinbaum fue elegida presidenta de México, siendo la primera mujer que accedía al cargo.
“Las elecciones fueron las más violentas de las que se tenía registro en el país, habiendo sido asesinadas al menos 41 personas candidatas a ejercer un cargo público”, indica AI.
En septiembre del año pasado, el Congreso aprobó una reforma constitucional para colocar a la Guardia Nacional bajo el control de las fuerzas armadas (Defensa Nacional), con lo cual “la seguridad pública quedó militarizada”.
En junio se promulgaron unas reformas polémicas de las leyes sobre la amnistía y el amparo (protección judicial de los derechos constitucionales).
Los cambios permiten a la presidencia conceder la amnistía, sin restricciones, a toda persona que proporcione información para investigaciones, y prohíben determinadas suspensiones provisionales de medidas legales, “aun cuando pudieran servir para evitar violaciones de derechos humanos”.
En septiembre pasado se promulgó una reforma constitucional que permitía la elección popular de los cargos judiciales a todos los niveles, prosigue el recuento
El 31 de octubre se aprobó una reforma constitucional que impedía, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impugnar modificaciones constitucionales futuras.
En noviembre del año pasado se aprobó también una reforma constitucional para “abolir diversos organismos autónomos por mandato constitucional, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”.
Finalmente, el recuento señala que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, documentó que fueron asesinadas al menos nueve defensores y defensoras de los derechos humanos y 15 personas defensoras de la tierra y activistas ambientales.
Ese dato convierte a México en “uno de los países más peligrosos del mundo para quienes defendían el territorio, la tierra y el medio ambiente”.
“El presidente saliente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) estigmatizó a activistas y organizaciones de la sociedad civil”, con lo cual seguía “criminalizando” a las personas defensoras de los derechos humanos, puntualiza AI. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
Foto: Tomada de https://x.com/amnistiamexico/media
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