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Tribunal de EU sentencia a exjefe de Seguridad Genaro García Luna a pagar casi $2.500 millones

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Ciudad de México.- Un tribunal del estado de Florida (EU, sureste) sentenció al exsecretario de Seguridad Pública mexicano Genaro García Luna (2006-2012) y su esposa a pagar casi 2.500 millones de dólares, en un juicio por lavado de dinero y corrupción abierto por el Gobierno de México, informó el jueves la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del país latinoamericano.

“La corte del condado de Miami Dade, Florida, dictó sentencia final en contra de Genaro García Luna y su esposa Linda Cristina Pereyra, derivado de la demanda civil que presentó el Estado mexicano en septiembre de 2021, por conducto de la UIF, en contra de quienes conformaron la red de corrupción y lavado de dinero encabezada por García Luna, que abarcó decenas de contratos”, indica un comunicado de esa oficina de secretaria de Hacienda.

El exsecretario de Seguridad -preso en EU desde diciembre de 2019 por recibir dinero del narcotraficante Cártel de Sinaloa-, deberá pagar 748 millones de dólares y su esposa otros 1.740 millones de dólares, por organizar un esquema de contrataciones ilegales, estipula la sentencia de la Corte publicada por esa dependencia del Gobierno mexicano.

“De acuerdo con la Ley de Florida, la sentencia equivale a tres veces la cantidad de dinero por la que el Gobierno de México los demandó originalmente”, indica el informe de la UIF.

El dictamen judicial corresponde a siete resoluciones de culpabilidad emitidas y ejecutadas previamente en contra de García Luna, su esposa, y sus cinco empresas, “como resultado de su omisión de concurrir al juicio”.

De las sentencias de culpabilidad, ya fue ejecutada una relacionada con la empresa Delta Integrator, propiedad de García Luna y su esposa, de lo que derivó una recuperación de activos que asciende a 1,9 millones de dólares.

Asimismo, ya se cumplió la transmisión de la propiedad de un bien inmueble valuado en poco más de medio millón de dólares, y por el vencimiento de una hipoteca otorgada a un tercero por la misma empresa, México obtuvo una recuperación adicional de 275.000 dólares.

“Los recursos líquidos recuperados fueron ingresados de inmediato a la Tesorería de la Federación, mientras que el bien inmueble está bajo administración del Gobierno de México para su venta”, detalla el anuncio.

Bajo la propiedad directa de García Luna y su esposa, y las empresas Oggi Caffe, GL Associated Consulting, y Glac Security, no han sido localizados otros bienes, según el informe oficial.

Sin embargo, a partir de la emisión de la sentencia, el Estado mexicano procederá a ejecutarla con “los bienes propiedad de los sentenciados que sean localizados en el futuro”.

Esa ejecución se extenderá a “la propiedad simulada de terceros que operen como testaferros”, puntualiza la UIF.

SOLICITUD DE EXTRADICIÓN

En octubre del año pasado, el titular de la UIF, Pablo Gómez, anunció que México solicitaría la extradición de quien fue secretario de Seguridad del entonces presidente Felipe Calderón (2006-2012) y de su esposa, luego de que el exfuncionario fuera condenado en EU a 38 años de cárcel por narcotráfico y delincuencia organizada

“Procede solicitar la extradición de todos los que están en Estados Unidos, empezando por García Luna y su esposa”, dijo el jefe de la UIF.

La extradición de García Luna podría proceder si el imputado sale de la cárcel en algún momento, si consigue un acuerdo con las autoridades judiciales de EU, o logra algún beneficio legal antes de cumplir la condena.

Originalmente, las autoridades mexicanas acusan a la pareja de lavado de dinero que permitió el desvío de alrededor de 700 millones de dólares de contratos gubernamentales otorgados a una red empresarial por supuestos servicios de seguridad.

García Luna, quien residía en Miami, fue detenido en 2019 en Texas (sur), y cumplió más de cinco años de prisión, que podrían rebajarse a su condena, aparte de un posible acuerdo de colaboración.

La Fiscalía de EU solicitó cadena perpetua para García Luna, acusado por el cobro de sobornos para proteger al cártel de Sinaloa en el tráfico de cocaína al país vecino, mientras que sus abogados pidieron una sentencia de 20 años de prisión. (Sputnik)

Fuente: https://noticiaslatam.lat/

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