La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León (CEDHNL) denunció acciones de obstaculización por parte de la Secretaría de Seguridad estatal, que incluyeron amenazas de iniciar procedimientos penales contra personal del organismo por realizar visitas de inspección a centros de privación de libertad.
La presidenta Susana Méndez Arellano señaló que estas prácticas buscan limitar las facultades constitucionales de la CEDHNL, sumándose a otros intentos de deslegitimación como las quejas presentadas ante el Órgano Interno de Control por la vestimenta de colaboradoras durante la marcha del 8 de marzo. “Esto constituye una forma de violencia institucional y de género”, afirmó.
La ombudsperson destacó que la Secretaría de Seguridad solicitó reservar información sobre las visitas de supervisión, lo que vulnera los Principios de París que garantizan a las instituciones de derechos humanos comunicar directamente sus hallazgos a la opinión pública.
Méndez Arellano recordó que el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y la Ley General en la materia establecen el derecho de acceso irrestricto a centros de detención. “Las amenazas penales actualizan los riesgos que enfrentamos en la defensa de derechos humanos”, advirtió, refiriéndose a preocupaciones expresadas por la ONU sobre el uso del derecho penal para obstaculizar esta labor.
La CEDHNL exigió a la Secretaría de Seguridad:
- Priorizar la protección de derechos humanos
- Cesar las prácticas obstructivas
- Cumplir con la obligación legal de colaboración
- Responder a solicitudes sobre medidas de reparación para víctimas
La omisión en dar seguimiento a recomendaciones aceptadas previamente constituye, según el organismo, un acto de revictimización que afecta a personas cuyos derechos fueron vulnerados.
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