Ante la inminente reanudación de sesiones en el Congreso del Estado, el legislador Miguel A. Flores Serna urgió a sus compañeras y compañeros diputados a no postergar más la discusión y aprobación de dos propuestas legislativas que considera fundamentales: una dirigida a castigar con severidad los incendios provocados y otra enfocada en enfrentar el halconeo como práctica delictiva.
El coordinador de Movimiento Ciudadano señaló que es momento de dar pasos firmes frente a problemáticas que impactan directamente a la ciudadanía. Desde su óptica, temas como el deterioro ambiental y el aumento de actividades delictivas no pueden seguir siendo ignorados por el poder legislativo.
“Hay iniciativas que le harán mucho bien a la ciudadanía y que deben ser aprobadas cuanto antes. El medio ambiente y la seguridad son dos de los temas que más le importan a los neoleoneses”, expresó Flores Serna.
En su propuesta sobre incendios, el legislador plantea sanciones que van de siete a trece años de prisión, sin derecho a fianza, para quienes ocasionen fuegos de manera deliberada en zonas forestales, baldíos o basureros clandestinos. También contempla castigos de hasta nueve años para dueños de predios que, por omisión o negligencia, permitan condiciones que favorezcan la generación de incendios.
En paralelo, insistió en que debe aprobarse la iniciativa que tipifica como delito el halconeo, una actividad que, según advirtió, es utilizada por grupos del crimen organizado para monitorear y reportar los movimientos de autoridades. Su propuesta considera penas de hasta quince años de cárcel y multas económicas, incluyendo sanciones por el uso de tecnologías como drones, cámaras y radios para estos fines.
“Es momento de actuar con mano dura y aprobar estas iniciativas que buscan mandar a la cárcel a quienes dañan el medio ambiente y ponen en riesgo la seguridad de todas y todos. No podemos permitir que estos actos delictivos continúen ocurriendo”, sentenció el diputado.
Flores Serna dejó en claro que ambas propuestas están diseñadas para ofrecer respuestas concretas a demandas ciudadanas y para prevenir que tragedias ambientales o amenazas a la seguridad se sigan normalizando.
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