La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Gobierno de México amagó con reactivar una demanda contra Genaro García Luna, exsecretario federal de Seguridad Pública, y sus socios, los hermanos Weinberg, si no se logra un acuerdo reparatorio dentro de los próximos 30 días en el caso relacionado con el desvío de recursos públicos.
García Luna —actualmente preso en EU por recibir sobornos del cártel de Sinaloa— y su esposa Cristina Pereyra fueron condenados a pagar casi 2.500 millones de dólares por todo el dinero público que ambos desviaron de las arcas mexicanas a través de un esquema corrupto de contrataciones gubernamentales y paraísos fiscales entre 2009 y 2018, durante los periodos presidenciales de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, según una corte civil de Miami.
De acuerdo con reportes de prensa, lo anterior se hizo a través de 30 contratos con un conglomerado israelí y la familia Weinberg, mientras que los fondos fueron transferidos a paraísos fiscales y se usaron para adquirir propiedades en Florida.
Según medios locales, la jueza Lisa Walsh, titular del undécimo circuito judicial de Miami-Dade, autorizó “la continuación del diálogo” entre la UIF y García Luna y sus socios para proseguir la búsqueda de un acuerdo más allá de la etapa obligatoria de mediación.
“Una vez que se resuelva la viabilidad del acuerdo será sometido a su jurisdicción para que lo haga cumplir y dicte la sentencia correspondiente; o bien, de no concretarse el acuerdo y dentro de un término de 30 días, el Estado mexicano podrá presentar nuevamente la demanda ante el mismo tribunal para seguir el curso procesal del juicio hasta sentencia”, detalla la UIF. Anteriormente, tras la fase del juicio que se desarrolló entre el 28 de abril y el 23 de mayo, las partes solicitaron la medida procesal de “retiro voluntario de la demanda sin perjuicio”. Esto para continuar con las negociaciones y llegar a un acuerdo que permita volver a presentarse con la jueza Walsh.
Añadió que el Estado mexicano y los acusados han avanzado “sustancialmente” para concretar el acuerdo que permitirá desvelar la trama de corrupción investigada y, así, recuperar los bienes robados.
La UIF precisó que el Código de Procedimientos Civiles de Florida permite que México pueda retirar su demanda de forma voluntaria, en cualquier momento, a través de la presentación ante la Corte de una estipulación suscrita por las partes.
Si bien este tipo de procedimientos implica la conclusión del procedimiento sin una resolución judicial de fondo, en este caso las partes solicitaron a la jueza Walsh que conserve jurisdicción para dictar una sentencia solo si esta surge del acuerdo que se haya alcanzado.
“En caso contrario, de no perfeccionarse el acuerdo, se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se resuelto el fondo del actual procedimiento”, dice la dependencia.
Y añade: “Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”.
Recientemente, García Luna y su esposa, Linda Cristina Pereyra, fueron sentenciados por una corte en Miami-Dade, Florida, a pagar 2.488 millones de dólares al Gobierno de México por un esquema de contrataciones irregulares que permitió el desvío de 634 millones de dólares durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.
De acuerdo con los reportes de prensa, lo anterior se hizo a través de 30 contratos con un conglomerado israelí y la familia Weinberg, mientras que los fondos fueron transferidos a paraísos fiscales y se usaron para adquirir propiedades en Florida.
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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