Lucía Barrios
Montevideo.- El Gobierno de Uruguay, presidido por Yamandú Orsi, derogó esta semana dos decretos impulsados por la administración de Luis Lacalle Pou (2020-2025) que habían flexibilizado las políticas de control de tabaco y generado fuerte rechazo en la comunidad científica y en algunas organizaciones de la sociedad civil.
La iniciativa significó la derogación del decreto 87/021 que habilitó la venta de productos de tabaco calentado mediante dispositivos electrónicos, y del 282/022, que flexibilizó el empaquetado neutro de cigarrillos, permitiendo que puedan aparecer nuevas estrategias para hacer que los envases se vean más atractivos a los consumidores.
La medida fue celebrada como un gesto firme que devuelve a Uruguay el liderazgo histórico en políticas de control del tabaco, terreno en el que supo ser un referente mundial, indicaron a la Agencia Sputnik especialistas, investigadores y autoridades.
“Esta decisión es un intento por retomar el liderazgo histórico que tenía Uruguay en políticas de control de tabaco. No cualquier Gobierno se anima a tomar estas medidas”, dijo a la Agencia Sputnik Diego Rodríguez, sociólogo e investigador del Centro de Investigación para la Epidemia de Tabaquismo.
En la misma línea, la oncóloga Clara Rodríguez, presidenta de la Sociedad Uruguaya de Tabacología (SUT), consideró en diálogo con la Agencia Sputnik que la medida marca una “señal clara del Gobierno” y representa “un retorno al país que fuimos, pionero en el control del tabaco a nivel mundial”.
Asimismo, la directora general de Salud, Fernanda Nozar, dijo a la Agencia Sputnik que con estas nuevas medidas Uruguay vuelve a ser un ejemplo a nivel regional.
“Estuvimos con la ministra (Cristina) Lustemberg en mayo en la OMS (Organización Mundial de la Salud) y se destacaba en todas las reuniones sobre tabaco que Uruguay había estancado sus indicadores y sus acciones. Esto nos vuelve a poner en carrera. Somos un ejemplo mundial. Un país de referencia. Esto nos da impulso nuevamente para impactar sobre el número de consumidores de tabaco”, afirmó.
LOS HECHOS
El 8 de julio de 2016, el tribunal de arbitraje del Banco Mundial resolvió a favor de Uruguay en el litigio iniciado por Philip Morris International (PMI), una de las compañías tabacaleras más grandes del mundo, que buscaba frenar la aplicación de políticas antitabaco en el país.
La disputa se originó a partir de las medidas impulsadas desde 2006 por el entonces presidente Tabaré Vázquez -médico oncólogo- con el objetivo de reducir el consumo de tabaco en la población.
El juicio captó la atención internacional, tanto de gobiernos que evaluaban aplicar regulaciones similares como de la propia industria tabacalera, que observaba con preocupación el precedente que pudiera sentar el caso.
Muchos medios del mundo lo calificaron como un “hito histórico”, ya que el fallo confirmó el derecho de los Estados a priorizar la salud pública frente a los intereses corporativos.
Años más tarde, durante la presidencia de Lacalle Pou, se aprobaron dos decretos: uno habilitaba la comercialización de dispositivos electrónicos que calientan tabaco; el otro flexibilizaba el empaquetado neutro de cigarrillos. Ambas medidas fueron cuestionadas por científicos y organizaciones civiles por carecer de sustento técnico y fueron rechazadas por la Comisión Asesora para el Control de Tabaco.
El 14 de septiembre de 2022, Lacalle Pou reconoció que el nuevo decreto que modificó aspectos de la política antitabaco impulsada por Vázquez fue un pedido que hizo la empresa Montepaz al Ministerio de Industria.
“Otra cosa que les quiero decir; me preguntaba alguna gente en off, y algunas ridiculeces que también escuché: “esto es para favorecer a la empresa Montepaz”. ¡No, si me lo pidió una fábrica de chicles! Obvio, ¿quién se dedica a producir cigarros en Uruguay? Montepaz y, ¿quién le pidió esto al Ministerio de Industria? Montepaz”, afirmó.
Consultado sobre si su decreto era contradictorio con el precedente del fallo contra PMI, respondió: “Para nada”, y calificó las críticas como “panfletarias” y “básicas”.
ESTRATEGIA REGIONAL DE LOBBY
Si bien ninguno de los decretos impulsados por Lacalle Pou llegó a aplicarse efectivamente -el segundo fue frenado por una acción legal de la SUT y el primero no fue aprovechado por la industria en el mercado interno- Diego Rodríguez advirtió que su existencia tuvo efectos más allá de fronteras.
“Uruguay fue utilizado como ejemplo por la industria para presionar a otros gobiernos de la región, como el de Brasil, Panamá o el de México, para que habilitaran estos productos. El mensaje era: “Si Uruguay, que le ganó a Philip Morris, lo hace, ¿cómo ustedes no?”. Fue parte de una estrategia de lobby regional”, explicó.
Rodríguez criticó la postura del expresidente y aseguró que las medidas respondieron directamente a presiones de la industria tabacalera: “Está confirmado por sus propias palabras. No es una suposición”.
Para la presidenta de la SUT, la flexibilización habilitada por el Gobierno anterior “fue un retroceso que afectó la salud de la población” y también comprometió la imagen internacional de Uruguay.
“Se levantaron notas en muchos países porque se nos veía como ejemplo. Esto incluso pudo abrir la puerta para que otros países flexibilicen sus políticas”, dijo.
En América Latina, la vulnerabilidad de los gobiernos a la interferencia de la industria tabacalera es una de las más altas del mundo, según un análisis realizado por The Examination sobre los resultados del índice global de interferencia de la industria tabacalera de 2023.
MENOR FISCALIZACIÓN
Por otro lado, Rodríguez consideró que el Gobierno anterior “flexibilizó” las políticas de control de tabaco, al “debilitar” la fiscalización.
“Las cifras muestran que cayó a menos de la mitad lo que se fiscalizaba. Aumentó el contrabando. Según una investigación que realizamos, el contrabando llegó al 21 por ciento (para Montevideo y el Área Metropolitana) mientras que en los períodos donde se implementó mayor cantidad de políticas de control de tabaco, el contrabando se mantuvo en el entorno del 12 por ciento”, indicó.
Según un pedido de acceso a la información pública que hizo Rodríguez, los procedimientos disminuyeron de 8.000 en 2018 a 1.300 en 2023.
MEDIDAS FUTURAS
Por otro lado, ambos especialistas aseguraron que es necesario aplicar medidas de mayor impacto, como el aumento del precio de los cigarrillos.
Rodríguez también reclamó que se reviertan los beneficios fiscales otorgados a la industria bajo la ley de inversiones, un cambio introducido por el anterior gobierno con una simple supresión de una frase que lo prohibía en la rendición de cuentas.
Finalmente, llamó a implementar el protocolo internacional contra el comercio ilícito de tabaco, ratificado por Uruguay en 2014, pero nunca aplicado. “Tenemos normas ejemplares, pero si no hay fiscalización ni voluntad política de aplicarlas, son papel mojado”, añadió.
Consultada sobre futuras medidas, Nozar confirmó que el Gobierno sigue trabajando en nuevas estrategias para reducir el consumo. “Siempre estamos visualizando otros caminos. El programa antitabaco las está analizando”, aseguró.
EL DESAFÍO DEL VAPEO
Otro de los desafíos futuros de Uruguay es combatir el vapeo, una de las principales preocupaciones sanitarias en la región. Desde el Ministerio de Salud Pública, Nozar fue enfática: “Se sustenta en evidencias muy débiles la percepción de que no es nocivo, y sí lo es”.
Mencionó que su uso se asocia con un mayor riesgo de enfermedades pulmonares y cardiovasculares, así como con la puerta de entrada al consumo de tabaco. “Esa supuesta inocuidad se relaciona directamente con el uso extendido entre jóvenes”, advirtió.
En la misma sintonía, Rodríguez remarcó que en Uruguay está aumentando el uso del vapeo en jóvenes. “La prevalencia de uso en jóvenes de 13 a 15 años es del 9 por ciento, frente al 3 por ciento en adultos. La estrategia de marketing está claramente orientada hacia los jóvenes, que muchas veces no tenían contacto previo con el tabaco”.
Aunque la comercialización de cigarrillos electrónicos está prohibida desde 2009, Rodríguez afirmó que “se venden en todos lados”: por redes sociales, en kioscos, incluso frente a hospitales públicos. “El ingreso de estos productos es por contrabando y hay problemas en la fiscalización. Es urgente actuar sobre este tema”, reclamó.
Mientras tanto, la presidenta de la SUT subrayó que, si bien los cigarrillos electrónicos son un producto relativamente nuevo, “ya sabemos que dañan el parénquima pulmonar” y “no vamos a esperar 20 años más para ver sus efectos a largo plazo mientras exponemos a la población”. (Sputnik)
Fuente: https://noticiaslatam.lat/
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