La Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados aprobó con 22 votos a favor el dictamen que integra a la Guardia Nacional bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum. La votación registró siete votos en contra del PAN y PRI, y dos abstenciones de MC.
Julio César Moreno Rivera, presidente de la comisión, destacó que la reforma armoniza el marco jurídico con los cambios constitucionales del 30 de septiembre de 2024, estableciendo a la Guardia Nacional como una fuerza de seguridad pública permanente con formación militar pero bajo mando civil. “Su función será ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública diseñada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana”, explicó.
El dictamen incluye la expedición de una nueva Ley de la Guardia Nacional y modificaciones a seis leyes y dos códigos, garantizando que sus integrantes cuenten con Certificado Único Policial y formación en derechos humanos. Moreno Rivera subrayó que la investigación de delitos seguirá bajo conducción del Ministerio Público Federal.
En el debate, Emilio Suárez Licona (PRI) advirtió que la reforma “militariza indirectamente a los cuerpos policiales locales”, mientras Carlos Madrazo (PVEM) destacó la necesidad de controles institucionales. Margarita Zavala (PAN) criticó la falta de consulta a la Comisión de Defensa Nacional.
Ricardo Mejía (PT) defendió la reforma como “una política de Estado que redefine el papel de las Fuerzas Armadas en seguridad pública”. Pablo Vázquez (MC) propuso crear una Comisión Bicamaral de seguimiento.
Ernesto Prieto (Morena) aseguró que la reforma “preserva el control civil mediante rendición de cuentas”, mientras Paulina Rubio (PAN) alertó sobre “la peligrosa concentración de poder en Sedena”.
La diputada Julieta Vences (Morena) argumentó que la reforma dota de herramientas legales a la Guardia Nacional, manteniendo su carácter civil. En contraste, César Domínguez (PRI) consideró que “pone en riesgo al Ejército y demerita su labor”.
En segunda ronda de intervenciones, Elena Segura (Morena) destacó el objetivo de crear “un cuerpo profesional y disciplinado”, mientras Guillermo Anaya (PAN) reiteró su rechazo a “la militarización de la seguridad pública”.
Estela Piceno (Morena) defendió las facultades investigativas de la Guardia Nacional, y Leonel Godoy (Morena) aclaró que “no se militariza al país, sino que se profesionaliza la seguridad pública”.
El dictamen, que incluye disposiciones sobre seguridad social, ascensos y sanciones para el personal de la Guardia Nacional, fue remitido al Pleno junto con reservas y votos particulares para su discusión final.
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