Los diputados federales del PRI cerraron filas en contra de la Ley de la Guardia Nacional, al advertir que esta propuesta, lejos de fortalecer la seguridad, allana el camino hacia un régimen autoritario que concentraría el poder y debilitaría la democracia.
En tribuna, Alejandro Domínguez afirmó que la intención de militarizar la seguridad pública no es más que una estrategia del oficialismo para mantener a la población bajo control. “Lo que Morena pretende, con un cinismo desmedido, es militarizar el país y tener controlados a todos los mexicanos y mexicanas”, expresó.
El legislador priista insistió en que el Ejército mexicano no está preparado para tareas de seguridad pública, pues su formación y misión son distintas. Subrayó que la Guardia Nacional debe permanecer bajo la autoridad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y depender de un civil, mientras que el Ejército debe enfocarse exclusivamente en la seguridad nacional.
Domínguez advirtió que, con esta reforma, se debilita a las policías locales, que siguen abandonadas presupuestal y operativamente, y no existe un programa integral que contemple la participación activa de los estados y municipios. “El Ejército queda expuesto a ser cuestionado por las fallas que pudiera tener”, agregó.
En entrevista, Rubén Moreira, coordinador parlamentario del PRI, sostuvo que la Ley de la Guardia Nacional forma parte de un bloque legislativo que incluye otras iniciativas de seguridad y telecomunicaciones, cuyo verdadero propósito es restringir libertades y perpetuar al oficialismo en el poder. “Hay un gran riesgo para la paz y la defensa de las garantías individuales”, alertó.
Moreira también enfatizó que la propuesta es contraria a convenios internacionales y a las recomendaciones de organismos defensores de los derechos humanos. “La Guardia Nacional, tal como la plantean, elimina contrapesos y concentra el uso de la fuerza en una sola institución”, dijo.
Por su parte, los diputados Arturo Yáñez, Graciela Ortiz, Emilio Lara y Verónica Martínez coincidieron en que el gobierno recurre al Ejército para estas tareas porque carece de recursos para construir una policía civil eficiente. Subrayaron la necesidad de que se publique la reforma al artículo 123 constitucional para garantizar salarios dignos a los policías municipales y estatales, lo que permitiría mejorar sus condiciones laborales.
Los priistas recordaron que desde 2017 se estableció en Querétaro que la seguridad pública debe estar en manos de civiles y no de militares. Acusaron al oficialismo de querer instaurar un estado centralista, invasor de la vida privada y con tendencias a la censura. “Es un proyecto ineficaz para combatir al crimen y débil para defender la soberanía”, señalaron.
Finalmente, reiteraron su rechazo a la Ley de la Guardia Nacional por considerarla una amenaza al federalismo y por debilitar al propio Ejército al trasladar la mitad de sus efectivos a tareas que no le corresponden. Advirtieron que esta medida contradice los principios revolucionarios y las posturas que el partido oficialista defendía antes de llegar al poder.
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