La Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como cambios al Código Penal Federal, con el objetivo de reforzar las acciones para combatir el lavado de dinero en el país.
Durante la sesión, se destacó que este dictamen es de urgente resolución y busca brindar herramientas más efectivas para identificar y perseguir delitos relacionados con recursos ilícitos. Con esta reforma se incorporan nuevas definiciones, como la de “Beneficiario Controlador” y “Persona Políticamente Expuesta”, para cerrar espacios a las operaciones irregulares y fortalecer los controles sobre quienes realizan actividades vulnerables.
En la discusión, se subrayó la necesidad de que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público establezca medidas proporcionales para evitar que recursos de procedencia ilícita circulen en el sistema financiero, especialmente cuando provengan de países considerados de alto riesgo.
Además, se planteó que Hacienda deberá coordinarse con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Guardia Nacional para aplicar las nuevas disposiciones, así como establecer programas de capacitación para el personal encargado de detectar estas operaciones.
La diputada Dolores Padierna Luna, quien dirigió la sesión, informó que aunque se presentaron propuestas para modificar diversos artículos de la ley y del Código Penal, estas no prosperaron, ya que fueron retiradas o rechazadas.
El dictamen establece que cualquier operación que supere ciertos montos deberá ser notificada a la Secretaría de Hacienda y que las personas que realicen actividades vulnerables deberán conservar información precisa sobre operaciones con activos virtuales, incluyendo la identidad del beneficiario.
Otro de los puntos aprobados obliga a diversas instancias de gobierno, desde entidades municipales hasta organismos federales, a proporcionar información cuando sea requerida en el marco de las investigaciones relacionadas con recursos ilícitos.
El Ministerio Público podrá investigar delitos relacionados con operaciones financieras en cualquier momento, pero para ejercer acción penal necesitará la denuncia formal de la Secretaría de Hacienda, que en estos casos tendrá el carácter de víctima u ofendida.
En el periodo de transición, la Unidad de Inteligencia Financiera y el SAT pondrán en marcha un programa de capacitación para asociaciones y sociedades sin fines de lucro, con el propósito de garantizar el cumplimiento adecuado de las nuevas obligaciones y proteger la libertad de asociación.
El dictamen aprobado fue enviado al Senado para continuar con el proceso legislativo.
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