La diputada local Marisol González presentó una denuncia formal contra la contralora interna de Santa Catarina, Elizabeth Galicia Ruiz, y el alcalde Jesús Nava Rivera, por presuntas faltas graves en el ejercicio de sus funciones, entre ellas abuso de poder, uso indebido de recursos públicos y promoción personal disfrazada de labores institucionales.
La denuncia fue entregada ante la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL), acompañada por Patricio Zambrano, secretario de Gestión Social de Movimiento Ciudadano, y Abiel Nañez Badillo, regidor de Santa Catarina. Según los denunciantes, ambos funcionarios utilizaron de manera sistemática las redes sociales del municipio y las cuentas oficiales del propio alcalde para promover la imagen de la contralora en actos ajenos a sus responsabilidades.
“La Contraloría debería estar vigilando que las actas de Cabildo, los reglamentos y toda la información pública del municipio estén disponibles en tiempo y forma, pero eso no está ocurriendo”, señaló Marisol González, quien cuestionó la falta de transparencia y la omisión en las obligaciones legales por parte de las autoridades municipales.
La diputada acusó que, en lugar de cumplir con sus funciones de fiscalización, la contralora ha sido protagonista de constantes publicaciones donde aparece entregando despensas, canastas de frutas y participando en rifas y eventos asistenciales, tareas que no corresponden a su cargo.
“Lo que vemos es a la contralora haciendo giveaways con el alcalde, repartiendo despensas y promoviendo su imagen en redes sociales. Eso no es parte de sus atribuciones”, afirmó González.
El expediente presentado ante la ASENL incluye más de 30 pruebas documentadas con capturas de pantalla y enlaces, donde se evidencia la presunta promoción indebida. Además, se señala que el municipio enfrenta graves rezagos en transparencia, obras públicas inconclusas y más de 800 millones de pesos en gastos sin comprobar.
La denuncia será turnada al Tribunal de Justicia Administrativa, que deberá determinar si procede la imposición de sanciones que pueden ir desde la suspensión temporal hasta la destitución e inhabilitación por 20 años, además de multas económicas si se comprueba daño al erario.
El caso busca frenar el uso de recursos públicos para fines personales y exigir que los servidores públicos cumplan su función con ética y responsabilidad.
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